La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) salió con dureza contra la cautelar dictada por el juez civil y comercial Alejandro Maraniello, que prohibió difundir audios atribuidos a Karina Milei presuntamente grabados en la Casa Rosada. Para la central gremial, la medida constituye un acto de censura previa, “inconstitucional y antidemocrático”.

En un comunicado firmado por el secretario general Juan Carlos Schmid y el secretario de prensa Juan Pablo Brey, la organización expresó su solidaridad con los periodistas afectados, a quienes consideró víctimas de “una persecución política inaceptable”.

“El deber del Gobierno es transparentar los hechos de corrupción que lo rodean, no criminalizar a quienes los ponen en evidencia”, remarcaron los dirigentes.

Libertad de expresión en riesgo

La CATT advirtió que el fallo judicial vulnera derechos fundamentales:

“La defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información es un pilar esencial de la democracia, y su violación representa un retroceso institucional que no podemos permitir”, señalaron.

En ese sentido, la entidad reafirmó su compromiso con la protección de todas las voces del periodismo, a las que definió como un servicio imprescindible para la sociedad. “Defender la libertad de expresión y el derecho a la información es defender la democracia”, concluyeron.

El trasfondo de la polémica

La decisión judicial se enmarca en la difusión de grabaciones que vincularían al Gobierno con presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde el oficialismo justificaron la cautelar al denunciar que se trató de una supuesta operación de inteligencia ilegal.

El pronunciamiento de la CATT se suma a otras voces críticas que ven en la resolución judicial un intento de blindar políticamente a la gestión y limitar el acceso de la sociedad a información sensible.