En un contexto de creciente contrabando y fuerte competencia desigual con países limítrofes, la Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley impulsado por el entrerriano Gustavo Bordet que propone crear un régimen especial para micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en zonas de frontera.

La iniciativa busca declarar de interés nacional el fomento y la protección de estas pymes, otorgándoles beneficios impositivos —entre ellos, la exención de IVA— y creando un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo que articule entre sectores públicos y privados. El modelo toma como referencia las “Lojas Francas de Frontera Terrestre” de Brasil, aunque no se trataría de zonas francas tradicionales, sino de un esquema flexible con normas cíclicas de incentivo.

Asimetrías que afectan al comercio

En provincias como Misiones, la diferencia de precios con países vecinos alcanza el 40%, lo que genera vaivenes en el consumo y el cierre de sucursales que no logran sostenerse en el tiempo. “Lo que se pretende es nivelar las reglas de juego, reducir la fuga de consumo y fomentar la integración regional”, explicaron desde el entorno del diputado Bordet.

El impacto esperado no solo sería positivo en las economías de frontera, sino también en los polos fabriles del centro del país, ya que la mayor demanda fortalecería la producción y distribución.

Avance parlamentario y trabas políticas

El proyecto, presentado originalmente en 2018, ya fue aprobado en la Comisión de Pyme y recibió buena aceptación. Sin embargo, su tratamiento está actualmente paralizado en Presupuesto y Hacienda, comisión presidida por el libertario José Luis Espert, que hasta ahora no convocó a discutir iniciativas de la oposición.

Incentivo a la formalidad laboral

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad, destacó que el régimen tendría un efecto ordenador en el empleo: “Las empresas que quieran acceder a los beneficios deberán cumplir con todos los resguardos legales, lo que obligaría a regularizar la situación laboral de los trabajadores”.

En este marco, el proyecto se presenta como una herramienta clave para combatir la informalidad, reducir asimetrías fiscales y promover el desarrollo de las regiones fronterizas en un escenario económico desafiante.