Casi quince años después del asesinato del militante del Partido Obrero y dirigente estudiantil de la FUBA, Mariano Ferreyra, comenzó un nuevo juicio que busca determinar si existió un pago de sobornos de 50 mil dólares destinado a garantizar la impunidad del sindicalista ferroviario José Pedraza y otros responsables del crimen.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa como querellante, denunció que durante la investigación inicial hubo un intento de direccionar el expediente hacia la Sala III de Casación Penal, con el objetivo de favorecer al entonces líder de la Unión Ferroviaria (UF). Según el organismo, la maniobra involucró a integrantes del gremio, un exagente de inteligencia, empleados judiciales, magistrados de Casación y un estudio jurídico ligado a un exjuez federal.

El crimen de 2010

El 20 de octubre de 2010, trabajadores ferroviarios tercerizados y militantes sociales marchaban en Avellaneda para reclamar su pase a planta permanente. La protesta fue atacada por un grupo de la Unión Ferroviaria, acompañado por barras de fútbol. La Policía Bonaerense reprimió a los manifestantes mientras la Policía Federal se mantuvo junto a los agresores.

En ese contexto, una bala impactó en el abdomen de Ferreyra, de 23 años, provocando su muerte. Tras el crimen, las armas utilizadas fueron ocultadas por miembros del sindicato.

Las condenas de 2013

En 2013, el Tribunal Oral Criminal N.º 21 condenó a 14 personas:

• José Pedraza y Juan Carlos Fernández recibieron 15 años de prisión como instigadores.

• Cristian Favale y Gabriel Sánchez fueron sentenciados a 18 años como autores materiales.

• Otros dirigentes y participantes obtuvieron penas de entre 2 y 11 años.

Un nuevo capítulo judicial

El juicio iniciado ahora apunta a esclarecer las responsabilidades en el intento de encubrimiento mediante sobornos. Para el CELS, este proceso expone nuevamente cómo “las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano” en el funcionamiento del Poder Judicial.

La próxima audiencia está programada para el 2 de septiembre.