La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso, cuya fecha quedará supeditada al momento en que el Senado convoque a la sesión en la que se discutirán los decretos presidenciales que plantean modificaciones y disoluciones de organismos públicos.

La medida incluirá distintas modalidades de adhesión en cada provincia: cese total de tareas, retiros a partir del mediodía, cortes de ruta, acampes o asambleas en los lugares de trabajo.

El anuncio se produce en paralelo a una nueva protesta que ATE realizará este miércoles 20 de agosto frente al Congreso, en rechazo a los vetos de Javier Milei sobre la moratoria previsional, los aumentos a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de (Federico) Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente remarcó que la presión en la calle es clave para limitar el margen de acción del Ejecutivo: “Sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas. Tenemos que frenar el remate del patrimonio estatal y evitar que nos gobiernen por decreto. Es la manera de defender la democracia”, enfatizó.

Los decretos en disputa

Entre las medidas cuestionadas se destacan:

• DNU 462/25, que recorta funciones del INTI y el INTA.

• DNU 351/25, que limita la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos.

• DNU 461/25, que impulsa la disolución de Vialidad Nacional.

Estas normas ya fueron rechazadas por la Cámara de Diputados y, si el Senado ratifica esa decisión, quedarán sin efecto.

Cabe recordar que, a fines de julio, el Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín hizo lugar a una medida presentada por ATE y suspendió el ajuste dispuesto en el INTI a través del DNU 462/25.

Si la Cámara alta demora la convocatoria a sesión, ATE definirá una fecha concreta para la huelga, con el objetivo de mantener la presión sobre el Parlamento y evitar el avance de las iniciativas del Gobierno.

“El compromiso es con la defensa de los organismos del Estado y con la democracia. Por eso tenemos que seguir en la calle”, concluyeron desde el sindicato.