A poco más de un mes de las elecciones para renovar autoridades en la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), reina la incertidumbre y la tensión crece día a día. La Junta Electoral, designada en una asamblea polémica en Moreno, validó únicamente la lista oficialista liderada por Ángel Alberto García, desestimando las cinco propuestas opositoras y desatando un conflicto de proporciones.

Las denuncias e impugnaciones presentadas por las listas no validadas han quedado sin respuesta, alimentando sospechas de complicidades y maniobras dilatorias. Incluso, un dictamen reciente de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) extendió el plazo para que la Junta se pronuncie sobre las denuncias, profundizando la incertidumbre.

Una de las listas afectadas, encabezada por Julio Gutiérrez, actual ministro de Trabajo de Chubut, ha denunciado una estrategia dilatoria por parte del oficialismo y ha señalado posibles conexiones entre García y el director de la DNAS, Claudio Aquino. Ante la falta de transparencia, la lista de Gutiérrez planea acciones legales y movilizaciones para exigir la democratización del proceso electoral.

En paralelo, la Lista 3 Morada, liderada por Fernando Ali, ha recurrido a medidas judiciales y denuncias penales, argumentando irregularidades que afectan la validez del proceso electoral.

Mientras tanto, otras tres listas opositoras continúan sin recibir respuesta por parte de la Junta Electoral, entre ellas la Lista Rojo y Blanco, la Lista Bordó, y la Lista Azul, esta última liderada por Christian López.

El escenario creado por la validación exclusiva de la lista oficialista ha generado una atmósfera de alta tensión en el ámbito de la seguridad privada, afectando a más de 100.000 trabajadores en todo el país. La elección, prevista para el 6 de agosto, se perfila como un punto crucial que determinará el futuro de una actividad sindical clave en Argentina.