Mientras el decreto presidencial que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad comenzaba a regir, el organismo publicó una licitación por casi 2.900 millones de pesos —equivalentes a más de 2,4 millones de dólares— para la compra de neumáticos. La coincidencia entre ambas decisiones, ocurridas el 7 de julio, encendió las alarmas en el sector sindical y reavivó denuncias de vaciamiento institucional.

La licitación pública nacional N.º 46-0036-LPU25 fue firmada por el administrador general de la DNV, Marcelo Campoy, un funcionario que ya había estado al frente del organismo durante los últimos años del menemismo. Según trascendió, el objetivo de la contratación es reequipar la flota vial, a pesar de que el mismo gobierno ha reconocido que Vialidad dejará de existir como tal en los próximos meses.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) y la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) no tardaron en cuestionar la medida. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina, expresó su preocupación por lo que considera una maniobra encubierta para transferir bienes públicos: “Están reequipando un organismo que ya está disuelto. ¿A quién irán a parar esos neumáticos? ¿A concesionarias privadas?”, se preguntó.

La compra se suma a otra licitación recientemente revelada por más de 3.100 millones de pesos, destinada a instalar un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, cámaras con reconocimiento facial y monitoreo satelital en la sede central de Vialidad. En total, la gestión de Javier Milei proyecta desembolsar más de 5 millones de dólares en contrataciones para un organismo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya dio por extinto.

Graciela Aleñá, secretaria general del STV, relacionó lo ocurrido con antecedentes de los años 90: “Esto nos retrotrae a la época de Menem, cuando se asfaltaban rutas para luego concesionarlas. Están usando el mismo libreto”, afirmó. Según la dirigente, la falta de explicaciones sobre el destino de los recursos y el silencio oficial sobre el proceso de reestructuración agravan aún más el panorama.

El gremio vial, que ya había anticipado medidas judiciales, presentó este martes una acción de amparo contra el Decreto 461/25, que establece la disolución de la DNV y de otros entes como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El recurso fue radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 23 y califica al decreto como “inconstitucional, arbitrario y lesivo de derechos esenciales”.

“Estamos frente a un intento de desmantelar áreas estratégicas del Estado sin ningún tipo de planificación ni control. La seguridad vial y la infraestructura corren riesgo, y eso va a costar vidas”, alertó Aleñá.

En ese contexto, trabajadores y dirigentes gremiales reclaman transparencia y advierten sobre el posible vaciamiento del patrimonio estatal. Mientras tanto, las rutas argentinas —aseguran— quedan más expuestas, con obras paralizadas, recursos comprometidos y decisiones políticas que priorizan negocios antes que el interés público.