El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, puso en marcha un polémico plan para vender casi la mitad de las tierras que actualmente gestiona el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El recorte incluiría el despido de al menos 1.500 especialistas, entre técnicos, investigadores y personal calificado que trabajan en los más de 100 predios distribuidos por todo el país.

La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y Luis Caputo, apunta a "racionalizar activos improductivos", según sostiene el Ejecutivo. Sin embargo, organizaciones del sector agropecuario, científicos y trabajadores del sistema de ciencia y técnica advirtieron que el criterio de “improductividad” responde más a una lógica inmobiliaria que a un análisis científico o estratégico.

Un golpe al corazón del sistema agroproductivo

El INTA posee 101.500 hectáreas distribuidas en más de 100 predios que cumplen funciones clave para el desarrollo, la experimentación y la transferencia tecnológica al sector agropecuario. Se trata de una institución que canaliza el conocimiento generado por universidades públicas y el CONICET hacia la producción rural, a través de investigaciones en semillas, control de plagas, manejo de suelo, calidad alimentaria y sustentabilidad.

Desde el Gobierno argumentan que solo 54.000 hectáreas están en uso activo, mientras que el resto se encuentra, según sus criterios, sin uso productivo por razones como usurpaciones, falta de infraestructura o dificultades logísticas.

El criterio de venta: inmobiliario, no científico

Lo que genera mayor controversia es que las tierras que se pondrán en venta no serán necesariamente las que hoy no están en uso, sino aquellas que, a criterio del Poder Ejecutivo, “no sean esenciales” para las actividades del INTA. Esto incluye predios actualmente en funcionamiento que podrían ser vendidos si su título de propiedad lo permite.

La decisión de avanzar con este proceso fue habilitada por el propio Consejo Directivo del INTA, que delegó la potestad de definir el destino de las tierras al Gobierno Nacional, lo que pone en riesgo el control del sistema desde el ámbito científico y agronómico.

Recorte de personal y debilitamiento institucional

Además de la venta de tierras, el plan incluye el despido de 1.500 trabajadores y especialistas, lo que representa una reducción significativa de la planta actual, que según el Gobierno fue "duplicada" durante las gestiones kirchneristas, pasando de 3.000 a 6.000 empleados.

La medida tendría un fuerte impacto negativo en la capacidad operativa del INTA, afectando programas de investigación clave como la huella de carbono del maíz, ensayos genéticos, campañas sanitarias o el desarrollo de nuevas variedades resistentes al cambio climático.

¿Cómo se distribuyen las tierras del INTA?

• 60.000 hectáreas están gestionadas por Asociaciones Cooperadoras, que colaboran en la administración de Estaciones Experimentales.

• 30.000 hectáreas están a cargo de INTeA S.A., una sociedad donde el INTA es socio mayoritario, y que se dedica a tareas productivas y tecnológicas.

• El resto corresponde a predios operativos bajo gestión directa del organismo.

Preocupación en el sector y silencio oficial

La decisión de avanzar con el desguace del INTA no fue discutida con los actores del territorio, y no se ha consultado a asociaciones de productores, universidades ni trabajadores del sistema científico. A contramano del reclamo por mayor productividad y valor agregado, el plan parece orientado a convertir tierras públicas en activos líquidos, desmantelando una infraestructura que lleva décadas de construcción.