Después de casi tres décadas de trabajo irregular, un tractorista de una chacra en Chimpay logró que la Justicia reconociera sus derechos laborales. La Cámara Laboral de General Roca condenó a la empresa Italagro S.A. a pagarle una indemnización completa, sueldos adeudados, multas por irregularidades y certificados laborales firmados, tras comprobarse múltiples incumplimientos durante sus 29 años de servicio.

Durante todo ese tiempo, el trabajador cobraba en cuotas, con recibos en blanco firmados directamente en la oficina del establecimiento. La práctica era sistemática y se mantenía incluso en épocas de mayor exigencia, como la poda. El hombre aceptaba esa modalidad para no perder el acceso a la obra social, único beneficio al que podía acceder de manera continua.

 Incumplimientos y abandono empresarial

El conflicto se formalizó cuando el trabajador presentó una denuncia ante la Delegación de Trabajo local por deudas salariales y falta de aportes previsionales. Aunque en un principio se firmó un acuerdo con la empresa, Italagro S.A. incumplió lo pactado.

A raíz de esa situación, y sin respuesta de su empleador, el trabajador se consideró despedido. La empresa, por su parte, alegó un supuesto "abandono de trabajo", argumento que fue desestimado por el tribunal.

Pruebas y contexto de vulnerabilidad

Durante el juicio, el equipo legal del trabajador –integrado por Mariano Sacchetti, Gaspar Poggioli Kloster y Martina Sabbatella– presentó pruebas documentales, peritajes y testimonios de dos excompañeros, que confirmaron que el pago parcial y los recibos irregulares eran moneda corriente en el establecimiento.

El fallo destacó el contexto de vulnerabilidad del trabajador rural, que durante casi tres décadas no tuvo acceso pleno a sus derechos laborales. Esta situación, sostuvo el tribunal, configura un claro caso de explotación y precarización.

 Indemnización y multas

La sentencia obliga a Italagro S.A. a pagar:

• Indemnización por antigüedad,

• Conceptos por preaviso,

• Sueldo anual complementario,

• Vacaciones no gozadas,

• Integración del mes de despido,

• Y una multa por no entregar certificaciones laborales en tiempo y forma.

Este fallo marca un precedente importante para trabajadores del sector rural, donde aún persisten prácticas laborales informales, particularmente en regiones alejadas de los centros urbanos.