En la antesala de la movilización convocada para este miércoles 18 de junio en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados estatales que se sumen al paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La medida gremial, impulsada en rechazo a la decisión judicial que ordena que la expresidenta cumpla en prisión domiciliaria su condena a seis años, ha intensificado la confrontación entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Desde Casa Rosada justificaron la decisión argumentando la necesidad de “garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales”. La advertencia fue lanzada tras confirmarse que la movilización se llevará a cabo frente a la residencia de Kirchner, en El Calafate, y que contará con el respaldo de distintas organizaciones sociales y sindicales.

“Frenar a la casta judicial”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue quien encabezó el anuncio del paro nacional. A través de su cuenta de X (ex Twitter), afirmó:

“Tenemos que ir a la huelga y movilizarnos para frenar a una casta judicial que, respondiendo a intereses económicos de minorías privilegiadas, ha decidido terminar con la democracia”.

Aguiar también cuestionó duramente al gobierno nacional, al que acusó de “haber perdido toda legitimidad” y de actuar “al margen de la ley y la Constitución”. En esa línea, sostuvo que “no se puede permitir que una Corte usurpada tenga la facultad de proscribir dirigentes políticos”.

Un conflicto que escala

El conflicto se produce luego de que la Justicia dispusiera que Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en la causa Vialidad, cumpla arresto domiciliario mientras se resuelve la instancia final del proceso. La decisión generó una fuerte reacción en el arco kirchnerista, que considera que la medida busca inhabilitar políticamente a la exmandataria.

Por su parte, el Gobierno insiste en que la protesta sindical tiene motivaciones políticas y subraya la necesidad de mantener la actividad estatal sin interrupciones.

La medida de ATE marca un nuevo capítulo de tensión institucional en medio de un escenario político cada vez más polarizado. El alcance real del paro y la movilización será clave para medir la temperatura social en torno a un fallo judicial que ya desató fuertes repercusiones.