La Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó este martes la homologación del acuerdo salarial alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano, y las cámaras empresarias FAETYL y FADEEAC. El convenio, que regirá durante el trimestre junio-agosto, se convierte en uno de los pocos entendimientos validados por el Gobierno en el marco de las actuales restricciones paritarias.

El acuerdo establece un aumento salarial del 3% escalonado en tres tramos mensuales de 1% cada uno, en línea con la pauta impuesta por el Ministerio de Economía. A este incremento se suma una asignación no remunerativa de $45.000, orientada a amortiguar el impacto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores.

Además, el convenio incluye un aporte empresario de $18.500 por trabajador a la obra social del gremio, Oschoca, lo que representará un ingreso adicional de aproximadamente $1.850 millones, considerando los más de 100.000 afiliados al sistema de salud sindical.

El entendimiento fue firmado en un contexto de alta tensión entre gremios y el Ejecutivo, que mantiene bloqueados otros acuerdos salariales ya cerrados por importantes sindicatos como la UOM y Comercio, aún pendientes de homologación.

Si bien el pacto busca armonizar las limitaciones oficiales con el deterioro del poder adquisitivo, no todos en el sector lo celebran. Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, calificó el aumento como “insuficiente” frente a una inflación que ya acumuló más de un 8% de pérdida salarial en lo que va de 2025. “Esto apenas contiene, pero no recupera”, señaló.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo fue el organismo que validó formalmente la paritaria, garantizando así su implementación en los plazos estipulados.

Con esta decisión, el Gobierno marca un gesto hacia el sindicalismo aliado, mientras mantiene congeladas otras negociaciones en sectores clave. La paritaria de Camioneros se convierte así en un nuevo termómetro del complejo equilibrio entre las políticas de ajuste y la presión social en un contexto económico marcado por la recesión y la pérdida de empleo.