
Gremiales | 03 de julio
El Gobierno desmantela la Casa de la Moneda y Sturzenegger anticipa una posible liquidación

En una nueva avanzada del denominado "Plan Motosierra", el Gobierno nacional dispuso una reestructuración profunda de la Casa de la Moneda, con el traspaso de funciones, personal y activos a distintos organismos estatales. La medida, oficializada mediante el Decreto 442/2025, fue interpretada como un paso hacia la posible disolución del histórico ente responsable de fabricar billetes, monedas y documentación oficial.
La norma firmada por el Ejecutivo establece que áreas clave de la Casa de la Moneda pasarán a ser controladas por otros organismos. El sistema de trazabilidad y los Instrumentos Fiscales de Control serán transferidos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); la emisión de pasaportes quedará bajo la órbita del RENAPER, mientras que la billetera virtual estatal pasará a manos de ARSAT, la empresa pública de soluciones satelitales.
El decreto justifica la medida por el “sobredimensionamiento estructural” de la empresa, señalando la existencia de plantas industriales con elevados costos de mantenimiento y procesos productivos fragmentados. Además, menciona maquinaria importada sin instalar y un proceso de inversión inconcluso que habría derivado en un endeudamiento significativo.
Federico Sturzenegger, titular del área de Desregulación y Reforma del Estado, respaldó la decisión y habló abiertamente de una “eventual liquidación” de la Casa de la Moneda, a pocos días de que expiren las facultades delegadas que le otorgó el Congreso.
El anuncio provocó preocupación entre los trabajadores del organismo, que ven amenazada la continuidad de sus fuentes laborales y advierten sobre el riesgo de perder capacidades técnicas históricas del Estado en materia de impresión de billetes y documentos oficiales.
La Casa de la Moneda, con más de un siglo de historia, enfrenta así una de las transformaciones más drásticas desde su creación. La decisión abre un nuevo capítulo en la política de achicamiento del Estado impulsada por el Gobierno, con una fuerte impronta en la transferencia de funciones estratégicas y el rediseño del aparato público.
