El vínculo estrecho que el presidente Javier Milei mantiene con el capital financiero internacional no está dando los resultados esperados. Este lunes, la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito de Nueva York, emitió dos fallos adversos para Argentina en el litigio por YPF, ordenando la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal al fondo buitre Burford Capital y, además, que se transfieran las acciones en poder del Estado al fondo Bainbridge.

La decisión judicial, que sigue generando controversia, desató un fuerte choque político: Milei culpó por el revés al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien respondió señalando el estrecho vínculo del presidente con Estados Unidos, país desde donde se dictó el fallo. “Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…”, dijo el mandatario provincial.

Especialistas consultados por este medio coincidieron en que la jueza Preska pretende ejercer una autoridad que trasciende la soberanía de cualquier Estado, actuando casi como una “jueza universal”. Según sus análisis, aceptar esta resolución sentaría un precedente histórico que colocaría a todos los países en una situación de subordinación frente a fondos buitres.

La medida de Preska obliga a Argentina a transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta en Nueva York, como parte del pago por una condena por 16.100 millones de dólares, vinculada a la expropiación de la petrolera en 2012. Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos del holding del fallecido Enrique Eskenazi, ha utilizado la resolución como una herramienta de presión sobre el Estado argentino.

Horas después, la misma jueza ordenó entregar a Bainbridge las acciones en posesión del país, que reclama una deuda de 95 millones de dólares más intereses. Este fondo incluso solicitó información sobre las reservas de oro del Banco Central.

Desde el ámbito jurídico, el abogado Sebastián Soler defendió la expropiación de YPF argumentando que cumplió con los requisitos constitucionales argentinos: causa de utilidad pública, autorización legislativa y pago previo de indemnización.

Cabe destacar que durante la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia estadounidense había presentado un escrito respaldando a Argentina, solicitando a Preska rechazar los pedidos de Burford y Eton Capital. Sin embargo, con el cambio de gobierno a Donald Trump y el acercamiento de Milei a la derecha estadounidense, el resultado judicial se tornó desfavorable para el país.

Tras conocerse el fallo, el mercado reaccionó con una caída en las acciones y un aumento en el precio del dólar. Juristas locales advirtieron que la decisión refleja un "disparate jurídico" propio de una magistrada con formación anglosajona.

El presidente Milei redobló su ofensiva contra Kicillof, responsabilizándolo por el fallo y anunciando que apelarán ante la Corte de Apelaciones. “Vamos a defender los intereses nacionales en todas las instancias”, afirmó en redes sociales, sin dejar de cargar contra su predecesor.

Por su parte, Kicillof respondió que el verdadero problema es que Milei “elige ponerse del lado de poderes extranjeros y no de los intereses nacionales”, y denunció la intención de privatizar YPF, algo que sus aliados no esconden.

En cuanto a la defensa legal, especialistas destacan que aunque técnicamente el país ha presentado buenos argumentos, existen dos factores que debilitan la postura argentina: las declaraciones públicas de Milei, que contradicen la estrategia jurídica, y la reducción de recursos y expertos en la Procuración General, lo que afecta la capacidad de defensa.

Desde 2015, Argentina ha cuestionado la competencia de los tribunales de Nueva York, amparándose en la Ley de Inmunidad Soberana estadounidense (FSIA). Sin embargo, la jueza desestimó esos argumentos en primera instancia.

Aunque el fallo no es de cumplimiento inmediato y se anticipa que la apelación pueda demorar o suspender la ejecución, el daño político y económico ya es palpable. Además, como reconocen los propios fondos buitres, este tipo de resoluciones se utilizan para presionar y pueden sentar precedentes que amenazan la soberanía de cualquier Estado.