Con el argumento de impulsar una “modernización productiva”, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba promueve una reforma laboral que apunta directamente a recortar la representatividad sindical dentro de las empresas y restringir las asambleas gremiales durante el horario de trabajo.

La iniciativa, elaborada junto con el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica y la consultora Economic Trends, propone modificar el artículo 45 de la Ley 23.551, que regula la representación sindical en los lugares de trabajo desde 1988. Según los empresarios, la norma vigente responde a un contexto productivo “ya superado”, y sostienen que la actividad industrial hoy demanda mayor eficiencia, organización y reducción de costos.

Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer un nuevo esquema de representación gremial: un delegado cada 50 o 100 empleados, con un adicional cada 200 trabajadores, sin considerar la cantidad de turnos de la planta. A su vez, el documento sugiere la creación de un artículo 43 bis que prohíba la realización de asambleas sindicales durante el horario laboral o en lugares donde puedan interrumpir la producción.

Desde la Cámara remarcan que el objetivo no es eliminar la actividad gremial, sino “adecuarla al siglo XXI”. “No se trata de debilitar derechos, sino de asegurar la competitividad de nuestras industrias”, expresó José Manuali, vicepresidente segundo de la entidad y gerente de la firma Pertrak S.A.. Según explicó, paralizar procesos productivos por asambleas genera pérdidas que “también afectan a los trabajadores, porque su estabilidad laboral está atada a la productividad de la empresa”.

El planteo se apoya en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según indicaron desde la cámara empresaria. Para los industriales cordobeses, la digitalización de la comunicación sindical debería permitir formas más ágiles de interacción entre delegados y trabajadores, sin necesidad de frenar las líneas de producción.

Esta propuesta forma parte de una agenda más amplia de reforma laboral, que también incluiría debates sobre nuevos esquemas de contratación, indemnizaciones y jornadas flexibles. Aunque el proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, ya se iniciaron gestiones con legisladores y sectores gremiales para promover el debate.

El intento por limitar la acción sindical se da en un contexto de tensiones laborales crecientes y avances en proyectos de flexibilización impulsados desde distintos sectores del empresariado y del oficialismo.