El Gobierno de Javier Milei confirmó la desvinculación de casi 4.000 trabajadores estatales en lo que se perfila como un fin de año conflictivo. La decisión incluye la baja de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia y la desvinculación de otros 1.388 trabajadores de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una de las empresas estatales ferroviarias.

La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien en conferencia de prensa, a través del vocero Manuel Adorni, explicó que el Ministerio de Justicia dio por terminadas "más de 2.400 contrataciones irregulares" que se realizaron durante décadas sin seguir los mecanismos establecidos por el sistema nacional de empleo público. Según Adorni, estos empleados fueron contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un procedimiento calificado de “espurio” por el gobierno.

Esta decisión ha provocado la reacción inmediata de la seccional Capital de ATE, que convocó a una movilización para este jueves a las 11 horas frente al Ministerio de Justicia. El sindicato denuncia “persecución, maltrato y hostigamiento” hacia los trabajadores afectados por estos despidos.

Por otro lado, el gobierno de Milei también oficializó el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que conlleva la eliminación de 1.388 puestos de trabajo y la supresión de 23 cargos jerárquicos, que recibían salarios promedio de entre 2 y 4 millones de pesos mensuales. Según el Ejecutivo, este cierre generará un ahorro anual de 42 mil millones de pesos para el Estado.

Sin embargo, el conflicto podría intensificarse a medida que se acerque el final del año, ya que otros 50.000 trabajadores estatales se encuentran en una situación incierta, ya que sus contratos vencen el 31 de diciembre y aún no se sabe si serán renovados.

Ante esta situación, ATE ha solicitado la renovación automática de todos los contratos y una recomposición salarial urgente. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, manifestó que "el 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado" y exigió que la continuidad de los vínculos laborales sea garantizada de manera automática. La presión de los sindicatos aumenta a medida que se acercan las fechas clave y la incertidumbre crece entre los empleados públicos.