La iniciativa busca incentivar a las empresas a registrar trabajadores a “costo cero”, liberándolas de multas y deudas previsionales. La medida ya se había probado sin éxito en 2024, cuando apenas el 0,3% de los asalariados informales fue regularizado.

El Gobierno nacional trabaja en un nuevo plan de blanqueo laboral, que formaría parte del paquete de reformas que el Ministerio de Capital Humano presentará en las sesiones extraordinarias del Congreso. El objetivo, según adelantaron fuentes oficiales, sería permitir la regularización de trabajadores informales sin costo alguno para las empresas, en un intento de reactivar la formalización del empleo privado.

De acuerdo con lo publicado por Ámbito Financiero, el proyecto es elaborado por un equipo de funcionarios y asesores del Ministerio junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y busca recuperar una medida similar que el Gobierno de Javier Milei ya había incluido en la Ley Bases, aunque con resultados prácticamente nulos.

“El blanqueo tiene que ser gratis”

“El traspaso de trabajadores en negro a blanco tiene que ser gratis, porque de otro modo las pequeñas y medianas empresas no se van a sumar”, explicó el abogado laboralista Julián de Diego, uno de los asesores técnicos del Gobierno.

La propuesta de “blanqueo gratuito” implicaría la condonación de aportes, contribuciones, multas e intereses acumulados por los empleadores, bajo el argumento de que las pymes no pueden afrontar esos costos, ni siquiera con planes de pago o descuentos.

En palabras de De Diego, “la gratuidad está relacionada con pasar del negro al blanco condonando el pasado y con aportes y contribuciones cero”.

Una receta ya aplicada, pero sin resultados

La idea no es nueva. En 2024, el Gobierno implementó un programa casi idéntico bajo el nombre de “Régimen de Promoción del Empleo Registrado”, también conocido como blanqueo laboral, en el marco de la Ley Bases.

El plan preveía amplios beneficios fiscales y la condonación de deudas para los empleadores que regularizaran la situación de su personal. Sin embargo, el impacto fue mínimo: durante los tres meses que duró el régimen —entre septiembre y diciembre de 2024— solo 1.950 empresas se adhirieron y apenas 16.703 trabajadores fueron registrados formalmente.

Esto representó el 0,3% del total de asalariados no registrados, estimado en más de 5,4 millones de personas, evidenciando el fracaso de la iniciativa.

Reformas laborales en debate

El nuevo proyecto se enmarca en el paquete de reformas laborales que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en las próximas semanas, con el objetivo de flexibilizar la contratación y reducir costos empresariales.

En ese contexto, los especialistas advierten que, más allá del blanqueo, el verdadero desafío será generar condiciones sostenibles para la creación de empleo formal.

“Para que el empleador tenga incentivos a contratar, el costo de un trabajador en blanco tiene que ser menor y eso debe ser permanente”, analizó De Diego.