Afiliados | 21 de enero
Milei suma otro desastre en su gestión: la Superintendencia, al borde del colapso
Vecinos y trabajadores que acuden a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), ubicada en 13 entre 36 y 37, denuncian largas esperas, confusión y un sistema que deja a los afectados sin atención adecuada. Según pudo constatar este medio, las sillas de espera permanecen vacías, no se llama a los turnos en orden y los trabajadores deben esperar más de media hora para que les tomen la carta médica que permite iniciar los trámites correspondientes.
En el hall de la SRT, un papel colocado a la vista de todos advierte: “Si sos trabajador recordá que los honorarios de tu abogado corren por cuenta de tu ART, o empleador autoasegurado, es decir, es gratuito para vos. En ningún caso la SRT se pondrá en contacto para ofrecerte un abogado”.
Además, a partir del primero de enero, las vistas médicas dejarán de ser presenciales, según consta en el Boletín Oficial. Los médicos evaluarán los casos únicamente mediante documentación aportada por los trabajadores y las ART. Esto significa que, si la evidencia presentada no es completa, como podría ser la falta de estudios complementarios, la situación del trabajador podría verse directamente afectada: “Si no te hacés la documentación complementaria, chau”, comentó una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva.
Una trabajadora que esperaba ser atendida en el box número uno contó: “Sí, recién a partir de las once toman para carta rodada. Hay que mandar fotos, no llaman a nadie, y yo tengo que esperar media hora para que me tomen la carta”.
La situación abre un foco de preocupación sobre la eficacia del sistema, la atención a los trabajadores y la implementación de la nueva modalidad de vistas médicas, que según los denunciantes, lejos de agilizar el proceso, lo hace más lento y burocrático.
La problemática fue planteada a la SRT, al Ministerio de Trabajo de la Nación, al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y a legisladores de distintos espacios políticos, incluidos los representantes de La Libertad Avanza, para que se adopten medidas que garanticen un funcionamiento adecuado y transparente de la entidad.
