Un fuerte conflicto laboral se desató en el Ministerio de Producción de la provincia del Chaco luego de la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial que desde 2015 formaba parte central de los ingresos de los trabajadores del área. Según denuncian los empleados, la decisión implicó recortes salariales de entre el 60% y el 80% y afecta a más de 800 personas entre trabajadores activos, jubilados y pensionados.

El conflicto escaló en las últimas semanas con protestas y presentaciones judiciales, mientras el Ejecutivo provincial sostiene que el esquema anterior presentaba irregularidades administrativas que justificaban su modificación.

Un recorte que impacta en el salario

De acuerdo con los trabajadores, el problema comenzó en enero de 2026 cuando el Ministerio no firmó la resolución necesaria para liquidar el FEP bajo los criterios vigentes. Posteriormente, el adicional fue abonado mediante una liquidación complementaria, aunque con un monto muy inferior al habitual.

Según denuncian, el pago representó apenas el 8,9% del valor que correspondía según el esquema anterior, lo que interpretan como una reducción salarial aplicada de hecho y con efectos retroactivos.

La preocupación es mayor porque el fondo representaba una porción significativa de los ingresos de los empleados, en un contexto donde el salario básico ronda los 236.000 pesos. Por ese motivo, sostienen que la eliminación del adicional golpea directamente la economía familiar de cientos de trabajadores.

El impacto también alcanza a unos 230 jubilados y pensionados vinculados al sector, cuyos haberes dependen en parte de ese componente salarial.

Cómo funcionaba el fondo

El Fondo Estímulo Productivo se calculaba en base a un porcentaje de la recaudación generada por el propio ministerio a partir de tareas de control, fiscalización y otras actividades administrativas.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que el financiamiento provenía en realidad de Rentas Generales de la provincia, por lo que consideran que su eliminación constituye un recorte salarial encubierto.

Desde el Gobierno provincial, en cambio, sostienen que el mecanismo presentaba inconsistencias legales y que los recursos debían ser administrados de otra manera, lo que motivó la decisión de avanzar con su eliminación y con un nuevo esquema normativo.

Protestas y reclamo judicial

En medio del conflicto, trabajadores realizaron manifestaciones frente al Juzgado Laboral N°3 de la ciudad de Resistencia, donde tramita una causa judicial contra la medida.

Durante una de las protestas, el juez laboral Sergio Bosch protagonizó una escena poco habitual al bajar de su despacho para dialogar con los manifestantes.

En ese intercambio reconoció la gravedad del conflicto y el carácter alimentario del salario. “Sé que estamos hablando del sueldo, sé que estamos hablando del plato en la mesa”, expresó ante los trabajadores.

No obstante, el magistrado aclaró que no puede anticipar el resultado del proceso judicial y que su obligación es resolver conforme a derecho.

Tras el encuentro, Bosch recibió a una delegación de empleados para interiorizarse sobre el estado de la causa mientras el conflicto continúa abierto y a la espera de definiciones judiciales.