La investigación por presuntas coimas en el sistema de discapacidad sumó en las últimas horas nuevos elementos que amplían su alcance y derivaciones. En ese contexto, la Justicia convalidó planteos del SAFyB y puso el foco en posibles vínculos comerciales entre el periodista Eduardo Feinmann y una empresa del sector farmacéutico.

El expediente, que ya analizaba supuestas irregularidades en el circuito de prestaciones para personas con discapacidad, incorporó audios, datos sobre financiamiento político y nuevas líneas de investigación que involucran a actores empresariales, mediáticos y judiciales.

Uno de los ejes más sensibles gira en torno a la droguería Suizo Argentina, mencionada en la causa. A partir de testimonios y registros recientes, comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que la relación entre la firma y el comunicador podría exceder el plano informativo y abarcar intereses económicos, lo que abriría interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la cobertura mediática del caso.

Entre las pruebas incorporadas figuran audios atribuidos a la exvocera Florencia Pérez Roldán, en los que se menciona un presunto aporte de alrededor de 70 mil dólares por parte de la familia Kovalivker —vinculada a la droguería— para financiar un acto del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, realizado en octubre de 2025. Según esa versión, la operatoria habría sido canalizada a través del organizador Andrés Mego y es analizada por la Justicia bajo la figura de posibles dádivas.

En paralelo, otro tramo del expediente involucra directamente a Feinmann. De acuerdo a los audios difundidos, el periodista habría advertido a la empresa sobre un allanamiento inminente, lo que implicaría la eventual filtración de información judicial sensible. El comunicador negó esa acusación y sostuvo que no tuvo conocimiento previo del procedimiento.

Más allá de esa controversia, la investigación también analiza la posible existencia de relaciones comerciales —como pauta publicitaria o sponsoreo— entre el periodista y la firma involucrada. De confirmarse, este vínculo podría configurar un escenario de incompatibilidad ética en el tratamiento informativo del caso.

El secretario general del SAFyB, Marcelo Peretta, había advertido previamente sobre estos presuntos nexos. Según el dirigente, existen intereses económicos dentro del sector farmacéutico que buscarían influir tanto en la opinión pública como en decisiones políticas y regulatorias.

Con el avance de la causa, el caso dejó de circunscribirse al ámbito estrictamente judicial y pasó a exponer una trama más amplia, donde convergen financiamiento político, negocios vinculados a la salud y el rol de los medios de comunicación. En ese escenario, la posible interrelación entre actores empresariales y periodistas aparece como uno de los puntos más delicados bajo análisis.