La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó sanciones contra las plataformas de reparto PedidosYa y Rappi, al confirmar fallos de instancias inferiores que habían validado multas impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense por irregularidades laborales.

Desde la cartera laboral provincial celebraron la decisión y destacaron que representa “un fuerte respaldo” a su poder de policía y a su facultad de interpretar normas, especialmente en lo referido a la determinación de relaciones laborales en el ámbito de las plataformas digitales.

Respaldo a la fiscalización laboral

Uno de los casos analizados por el máximo tribunal provincial involucró a Repartos Ya S.A. (Pedidos Ya), que había apelado una sanción tras inspecciones laborales. La Corte confirmó la validez de la actuación administrativa y subrayó que el Ministerio actuó “en el marco de facultades constitucionales y legales propias”.

En ese sentido, el fallo reafirma que las actas de infracción labradas por la autoridad laboral constituyen prueba suficiente mientras no sean desvirtuadas, consolidando así el alcance de las inspecciones en el sector.

Presunción de relación laboral

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la naturaleza del vínculo entre las plataformas y los repartidores. Mientras las empresas sostienen que se trata de trabajadores autónomos, la Corte avaló el criterio oficial de que existe relación de dependencia cuando no se logra desmentir esa presunción.

“No desvirtuada la presunción de laboralidad, correspondía ratificar la decisión del Ministerio de Trabajo”, señaló el tribunal en su resolución.

No obstante, el fallo hizo lugar parcialmente a un planteo puntual vinculado a ocho trabajadores relevados, ordenando revisar ese aspecto específico sin alterar el núcleo de la sanción.

Debate por la regulación del sector

El pronunciamiento se inscribe en un contexto de creciente debate sobre el encuadre laboral de los trabajadores de plataformas y la regulación de la actividad. Desde el gobierno de Axel Kicillof interpretaron la decisión como una reafirmación de las autonomías provinciales y de la vigencia de derechos laborales.

Además, remarcaron que el criterio judicial se complementa con el proyecto de ley presentado en marzo de 2026 en la Legislatura bonaerense, que busca establecer un marco regulatorio específico para el sector.

Señal en medio de la discusión nacional

Los fallos también se leen en clave política y jurídica frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Desde la Provincia sostienen que las resoluciones judiciales ratifican la vigencia de principios constitucionales como los consagrados en el artículo 14 bis y el alcance de las facultades locales para fiscalizar condiciones de trabajo.

De este modo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sienta un precedente relevante en la regulación del trabajo en plataformas y refuerza el rol del Estado provincial en la protección de los derechos laborales.