Una decisión adoptada por la conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria abrió un fuerte conflicto político, sindical y judicial. La autorización para avanzar con el remate de tierras pertenecientes al organismo encendió cuestionamientos por el posible impacto sobre la investigación pública y por supuestos intereses inmobiliarios detrás de la medida.

La resolución fue firmada por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y habilita la desafectación de un predio donde funcionaba la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), conocida como “Cabaña Tuyú”. Se trata de unas 33 hectáreas ubicadas entre los partidos bonaerenses de Ituzaingó y Hurlingham, históricamente destinadas a investigación y desarrollo productivo.

Un activo estratégico en discusión

El terreno forma parte de un espacio clave para el desarrollo científico aplicado al sector agropecuario, especialmente en el periurbano bonaerense. Allí se llevaron adelante durante años investigaciones vinculadas a semillas, fertilización, prácticas productivas y tecnologías orientadas a pequeños y medianos productores.

Desde distintos sectores advierten que la eventual venta no implicaría solo la pérdida de tierras fiscales, sino también de capacidades científico-tecnológicas acumuladas durante décadas.

La decisión se apoya en una resolución previa del Consejo Directivo del organismo, que dispuso la eliminación de la EEA AMBA de la estructura del INTA. A partir de ese cambio administrativo, el inmueble quedó en condiciones de ser desafectado.

Sospechas por intereses inmobiliarios

El proceso se inscribe en una política más amplia impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, encabezada por Nicolás Pakgojz, que contempla la revisión y posible venta de tierras estatales consideradas “ociosas”.

Sin embargo, el avance del expediente generó suspicacias. Dirigentes políticos, sindicales y referentes del sector agropecuario sostienen que detrás de la operación podría existir un negocio inmobiliario de gran escala vinculado al empresario Eduardo Elsztain, cercano al presidente Javier Milei.

Las críticas apuntan, especialmente, a la rapidez con la que se impulsó la medida y a antecedentes recientes, como el interés sobre otros inmuebles del INTA, entre ellos el histórico edificio de Cerviño, en el barrio porteño de Palermo.

Resistencia política, sindical y judicial

El conflicto ya escaló a distintas instancias. El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó una ordenanza que declara al predio como área de preservación ambiental, productiva y patrimonial, buscando frenar su enajenación.

En paralelo, el gremio APINTA presentó un recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo del organismo para impedir la venta. Desde el sindicato advierten que la medida forma parte de un proceso de “vaciamiento” que afecta directamente a la ciencia pública.

Además, el diputado Rodolfo Tailhade y el titular de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Nahuel Levaggi, impulsaron una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades en operaciones previas de venta de activos del organismo.

Según la presentación, la Procuración de Investigaciones Administrativas habría detectado múltiples observaciones en esos procesos que no fueron atendidas por el Poder Ejecutivo.

Un debate de fondo

Más allá de las denuncias, el caso reabre una discusión de fondo sobre el rol del Estado en la gestión de activos estratégicos y el futuro del sistema científico-tecnológico.

Mientras el Gobierno avanza con una política de reorganización y venta de bienes públicos, sectores académicos, productivos y sindicales advierten que estas decisiones podrían tener consecuencias estructurales, al debilitar áreas clave para la innovación y el desarrollo agropecuario.

El desenlace del conflicto dependerá ahora tanto de las instancias administrativas internas como de la intervención judicial, en un escenario donde se cruzan intereses económicos, políticos y científicos.