Las universidades nacionales intensifican su reclamo al Gobierno con una ofensiva en redes sociales para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento y la transferencia de fondos para salarios, becas y funcionamiento. La iniciativa es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país.

El plan de acción comenzará esta semana y apunta a instalar el conflicto a nivel nacional, en la antesala de la Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo. La convocatoria ya cuenta con el respaldo de gremios docentes y nodocentes, estudiantes y distintos sectores políticos y sociales.

Desde el sistema universitario advierten que la situación es crítica. Según estimaciones del sector, el ajuste presupuestario alcanza el 45%, lo que deja a muchas casas de estudio operando con recursos insuficientes y con serias dificultades para sostener actividades básicas. A esto se suma la paralización de fondos destinados a becas de investigación, consideradas esenciales para la producción científica.

El deterioro también impacta en los salarios. Docentes y nodocentes acumulan una pérdida de 141 puntos frente a la inflación desde fines de 2023, lo que —afirman— equivale a haber trabajado sin percibir siete sueldos completos en los últimos 30 meses, en un contexto sin convocatoria a paritarias.

El conflicto escaló tras la aprobación de la ley de financiamiento universitario en noviembre de 2025, que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar los recursos necesarios para el sistema. La norma fue promulgada luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei, pero su implementación continúa sin efectivizarse.

Ante ese escenario, el CIN avanzó por la vía judicial y obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia que ordenan al Estado cumplir con la ley. Sin embargo, el Gobierno apeló la decisión y llevó el caso a la Corte Suprema, lo que mantiene abierto el litigio.

Mientras tanto, los rectores buscan fortalecer el reclamo en la opinión pública. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Oscar Alpa, ya respaldaron la campaña y convocaron a “sumar a toda la sociedad” en defensa de la universidad pública.

“El Gobierno debe cumplir con la ley y con el fallo judicial que ordena recomponer salarios y garantizar el funcionamiento del sistema”, es el mensaje central que comenzará a difundirse.

Desde el ámbito universitario advierten que el incumplimiento de la norma no solo compromete el presente de las instituciones, sino que también pone en tensión principios básicos del sistema democrático, como la división de poderes.

Con la estrategia digital y la movilización en las calles, las universidades buscan amplificar el reclamo y consolidar apoyo social en un conflicto que ya se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el sistema educativo.