La legisladora porteña Graciela Ocaña reactivó su histórica disputa con la familia Moyano y solicitó la intervención estatal de la obra social del gremio de Camioneros, en medio de denuncias por una crítica situación financiera.

La presentación fue realizada ante la Superintendencia de Servicios de Salud, actualmente conducida por Claudio Adrián Stivelman, donde pidió que se disponga una auditoría urgente sobre la Obra Social de Choferes de Camiones.

Denuncias por déficit y mala administración

En su escrito, Ocaña advirtió sobre una “incorrecta y mala administración” de los recursos y planteó un fuerte contraste entre la situación económica de la obra social y el patrimonio de sus dirigentes.

Según los datos aportados, el déficit acumulado en las seccionales del interior alcanzaría los $32.400 millones, mientras que, sumando el área metropolitana —donde se concentra cerca de la mitad de los 190.000 afiliados—, el rojo total ascendería a unos $60.000 millones.

Además, la legisladora señaló que entre 2017 y 2022 la entidad registró patrimonio neto negativo y resultados operativos deficitarios.

El foco en empresas vinculadas

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta contra la firma Iarai, señalada como administradora de la obra social y vinculada a Liliana Esther Zulet, esposa del líder camionero Hugo Moyano.

Ocaña sostiene que existe un esquema de “auto-contratación” mediante el cual fondos de la obra social serían derivados hacia sociedades y fideicomisos relacionados con el entorno familiar del dirigente, lo que —según afirma— perjudica directamente las prestaciones médicas de los afiliados.

Pedido de intervención y presión política

“La realidad es numérica: debería ser un modelo de prestaciones, pero vemos una obra social pobre y una familia rica”, sostuvo Ocaña, quien además remarcó que las obras sociales sindicales administran fondos públicos, por lo que el Estado debe ejercer control.

En ese marco, reclamó la intervención del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei y exigió que, a través del Ministerio de Salud, se auditen los recursos para garantizar que los aportes de los trabajadores se traduzcan en servicios de salud.

El planteo reaviva un conflicto de larga data entre la dirigente y el sindicalismo camionero, y suma un nuevo foco de tensión en torno al manejo de las obras sociales en la Argentina.