Un nuevo conflicto laboral con eje en la actividad sindical quedó en manos de la Justicia. El secretario adjunto de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Bariloche, Luis Urra, presentó un amparo tras ser apartado de sus funciones en una empresa tercerizada que presta servicios en el Centro Atómico Bariloche, pese a contar con fuero sindical.

La presentación judicial fue acompañada por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, la Central de Trabajadores de la Argentina y diversas organizaciones gremiales y sociales, que denunciaron una presunta persecución laboral contra el dirigente.

“Me dejan afuera por ser dirigente sindical”

Urra aseguró que fue excluido de la nueva contratación tras el recambio de la empresa tercerizada que opera en el predio. Según relató, todos sus compañeros fueron reincorporados bajo la nueva firma, excepto él.

“Me dijeron verbalmente que me dejan afuera por ser dirigente sindical”, sostuvo en una conferencia de prensa, en la que calificó la situación como una violación directa a la protección que otorga el fuero gremial.

El amparo invoca el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales y solicita su reincorporación inmediata.

Un esquema de tercerización bajo cuestionamiento

El dirigente señaló que trabajó durante casi 16 años de manera ininterrumpida en el Centro Atómico, siempre cumpliendo funciones bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aunque formalmente contratado por distintas empresas tercerizadas.

Según denunció, este sistema se mantiene desde la década de 1990 y permite que el organismo estatal delegue responsabilidades laborales en firmas privadas que se suceden en el tiempo. “Cambian las empresas, pero los trabajadores seguimos haciendo las mismas tareas en el mismo lugar”, explicó.

Obstáculos judiciales y presunta “impunidad corporativa”

El caso presenta además dificultades procesales. De acuerdo con lo expuesto, las empresas tercerizadas no tendrían domicilio legal en Bariloche, lo que complica su notificación formal.

Urra denunció que, mientras la Justicia intenta notificar a las firmas a través del Centro Atómico, estas niegan operar allí, pese a que sus trabajadores desempeñan tareas en ese mismo predio. A su entender, esta situación genera un esquema de “impunidad” que deja a los empleados en una posición de extrema vulnerabilidad.

Denuncia por manejo de fondos

El conflicto también incorpora un componente económico. El dirigente afirmó que el presupuesto destinado a las empresas tercerizadas se incrementó significativamente en los últimos años, pasando de 200 millones de pesos en 2024 a cerca de 700 millones en 2026.

Sin embargo, según sostuvo, ni la cantidad de trabajadores ni las condiciones salariales reflejaron ese aumento, lo que motivó una denuncia por presunta defraudación al Estado.

Apoyo gremial y definición judicial

El reclamo cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones, entre ellas sindicatos docentes, judiciales y municipales de la región, además de la estructura nacional de ATE.

El expediente quedó radicado en la Cámara Segunda de Trabajo de Bariloche, que deberá resolver si ordena la reincorporación del dirigente.

Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a poner en debate el modelo de tercerización en organismos públicos y sus implicancias sobre la estabilidad laboral y el ejercicio de los derechos sindicales.