Trabajadores de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino manifestaron su rechazo a los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el Programa Antártico Argentino y advirtieron que una creciente “militarización” podría afectar tanto la actividad científica como la posición soberana del país en el continente blanco.

El planteo, difundido a través de una carta pública, cuestiona decisiones atribuidas al canciller Pablo Quirno y al presidente Javier Milei, en particular el traspaso de bases antárticas desde la órbita civil hacia el Ministerio de Defensa.

Rechazo al traspaso de bases y funciones

El eje central del conflicto es la decisión de transferir la administración de las bases Carlini y Brown —junto a otras instalaciones— al ámbito militar, bajo la órbita del Comando Conjunto Antártico.

Desde los organismos técnicos, remarcaron que si bien reconocen el rol logístico de las Fuerzas Armadas, el cambio excede esa función y avanza sobre competencias clave como la planificación, administración y control de la actividad antártica, que por ley corresponden a la Dirección Nacional del Antártico.

“Expresamos el más enérgico rechazo al inminente traspaso”, señalaron en el documento.

La ciencia como base de la soberanía

Uno de los puntos centrales del reclamo es el impacto que estas medidas podrían tener sobre la investigación científica, considerada un pilar fundamental para sostener la presencia argentina en la Antártida.

Los trabajadores recordaron que el sistema internacional vigente prioriza la actividad científica como sustento de los reclamos territoriales.

“Investigar permite consolidar presencia, aportar al conocimiento global y proteger los intereses estratégicos nacionales”, sostuvieron.

En ese sentido, advirtieron que el desplazamiento del eje civil hacia uno militar podría debilitar esa estrategia histórica.

“Militarización de hecho” y pérdida de capacidades

El documento también alerta sobre señales concretas de lo que califican como una “militarización de hecho”:

• Creciente predominio de personal militar sobre científico
• Posible eliminación de jefaturas civiles en las bases
• Incorporación de perfiles del ámbito de Defensa en áreas estratégicas
• Adopción de criterios propios de doctrina militar

Además, apuntaron contra la gestión de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, encabezada por Paola Di Chiaro, por avalar estos cambios.

Crisis del Programa Antártico

Según denunciaron, el Programa Antártico atraviesa “la peor crisis en décadas”, con recortes en proyectos científicos, problemas logísticos y falta de planificación.

Entre los principales problemas mencionados, destacan:

• Cancelación de campañas preparatorias
• Reducción de plazas para investigadores
• Restricciones en la contratación de personal científico
• Falta de avances en infraestructura

También cuestionaron decisiones operativas, como la designación de autoridades sin experiencia antártica, lo que —según sostienen— facilitó el avance de criterios militares en la gestión cotidiana.

Impacto en la política exterior

Los trabajadores recordaron que el traslado de la política antártica a la Cancillería en 2003 respondió a una estrategia para reforzar su carácter civil, en línea con los principios del sistema internacional antártico.

Por eso, advirtieron que el cambio de rumbo podría afectar el posicionamiento de la Argentina en ese ámbito.

“La Dirección Nacional del Antártico no es una dependencia más, sino la autoridad de aplicación ante el sistema del Tratado Antártico”, remarcaron.

Un debate de fondo

El conflicto expone una discusión más amplia sobre el modelo de gestión de la política antártica: mientras el Gobierno avanza en una mayor centralización en Defensa, sectores técnicos sostienen que ello puede debilitar la tradición científica y la estrategia soberana del país.

“La ciencia es soberanía”, sintetiza la carta, que concluye con un llamado a preservar el carácter histórico de la política antártica argentina.

En paralelo, crecen las críticas por el presunto desfinanciamiento del área, la paralización de obras en bases como Petrel y la falta de avances en infraestructura clave, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del programa.