El gremio de la construcción reclamó a los diputados que el debate legislativo incorpore la dimensión laboral y defendió un modelo de minería con controles ambientales y generación de trabajo.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) protagonizó una movilización frente al Congreso Nacional en el marco del debate por posibles modificaciones a la Ley de Glaciares, con el objetivo de visibilizar el impacto que podría tener la normativa sobre el empleo y las economías regionales.

En paralelo a la protesta, el sindicato presentó un documento ante las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo productivo.

Desde el gremio advirtieron que, en un escenario marcado por la retracción de la obra pública y la caída de la actividad económica, la minería puede convertirse en una alternativa clave para sostener y generar empleo formal, especialmente en el sector de la construcción.

En ese sentido, señalaron que el avance de proyectos mineros implicaría una fuerte demanda de infraestructura, incluyendo rutas, viviendas, hospitales, plantas energéticas y campamentos, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades laborales para trabajadores calificados.

Además, la organización destacó la importancia de invertir en formación profesional, promoviendo la creación de centros de capacitación en regiones con potencial minero, con el fin de preparar mano de obra para tareas en entornos complejos como la alta montaña.

Lejos de rechazar la normativa ambiental, la UOCRA sostuvo que su postura apunta a un esquema de desarrollo sustentable que combine el resguardo de los recursos naturales con la generación de empleo. En esa línea, subrayaron la necesidad de contar con controles estatales eficaces y reglas claras que brinden previsibilidad a las inversiones.

La discusión también se trasladó a la calle. Durante la jornada, trabajadores del sector se concentraron frente al Congreso para expresar su preocupación por el posible impacto de la ley sobre los puestos de trabajo vinculados a la actividad minera.

Según señalaron desde el gremio, alrededor de 17.000 empleos podrían verse comprometidos si no se contempla la variable laboral en el tratamiento legislativo. “No estamos en contra de la ley, pero es fundamental que se resguarden las fuentes de trabajo”, expresaron voceros durante la protesta.

El debate continuará en el ámbito parlamentario, donde distintos sectores buscan definir cómo articular la protección ambiental con las necesidades de desarrollo económico y generación de empleo en el país.