El conflicto por la política de infraestructura vial sumó un nuevo frente. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, cuestionó con dureza el decreto del Gobierno que transfiere a provincias el mantenimiento de rutas nacionales y advirtió que se trata de un paso hacia el “vaciamiento” de la Dirección Nacional de Vialidad.

La medida, oficializada a través del Decreto 253/2026, delega en nueve provincias —Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz— la facultad de concesionar tramos de rutas nacionales para su administración, mantenimiento y eventual explotación mediante peajes. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei, junto a Manuel Adorni y Juan Bautista Mahiques.

Denuncian un “cambio de modelo”

Desde el gremio sostienen que la decisión implica una modificación estructural del sistema vial argentino, al apartarse del esquema histórico definido por el Decreto-Ley 505/58, que establece a Vialidad Nacional como organismo rector de la red troncal bajo criterios integrales y federales.

Según plantearon, la descentralización “fragmenta la gestión, delega funciones estratégicas y transforma rutas en unidades de negocio”, lo que, a su entender, rompe con el principio de planificación estatal y coordinación nacional.

Riesgo de desigualdad territorial

Uno de los ejes centrales del reclamo sindical apunta al posible impacto desigual del nuevo esquema. Desde el STVyARA advierten que el sector privado tenderá a concentrarse en los tramos más rentables —aquellos con mayor tránsito y capacidad de cobro de peaje— dejando relegadas las rutas menos atractivas económicamente.

“Se consolida un modelo de rutas de primera para los negocios y caminos deteriorados para los pueblos”, señalaron, al tiempo que alertaron sobre un escenario de “desigualdad planificada” que podría profundizar las brechas entre regiones.

Críticas por desfinanciamiento

El sindicato también denunció un proceso de desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, al que vinculan con la política de “déficit cero”. Recordaron que gran parte de los recursos del organismo provienen del sistema SISVIAL y sostuvieron que la reducción de partidas, la paralización de obras y los recortes presupuestarios forman parte de una estrategia orientada a justificar un achique del organismo.

“Se ajusta sobre las rutas, los trabajadores y el interior productivo”, remarcaron desde la organización gremial.

Apoyos y proyección internacional

El reclamo de los trabajadores viales sumó respaldos tanto a nivel local como internacional. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresaron su apoyo al sindicato y rechazaron las medidas oficiales.

Incluso, según informaron, la situación fue llevada a foros internacionales del transporte con el objetivo de visibilizar el conflicto y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura y el empleo.

“Las rutas no son un negocio”

En el cierre del comunicado, el gremio remarcó que las rutas nacionales cumplen un rol estratégico que excede la lógica económica. “No pueden regirse por la rentabilidad: conectan comunidades, sostienen economías regionales y garantizan la integración territorial”, afirmaron.

Y concluyeron con una advertencia: “No vamos a aceptar el vaciamiento ni permitir la caída de Vialidad Nacional”.