El Gobierno nacional decidió acelerar la disputa judicial por la reforma laboral y presentó un recurso de per saltum para que intervenga de forma directa la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que mantiene suspendidos 82 artículos clave de la norma.

La jugada busca saltear instancias intermedias y llevar el debate de fondo —la constitucionalidad de la reforma— al máximo tribunal, evitando el recorrido habitual por las cámaras de apelaciones. En paralelo, el movimiento oficial reavivó versiones sobre un presunto entendimiento político entre el presidente Javier Milei y miembros de la Corte.

Según trascendidos del ámbito judicial y sindical, el Ejecutivo habría ofrecido no avanzar con una ampliación del número de jueces del tribunal a cambio de un tratamiento rápido y favorable del capítulo laboral. Si bien se trata de versiones sin confirmación oficial, el tema volvió a cobrar fuerza tras la presentación del recurso extraordinario.

El expediente se tramita en medio de una disputa de competencia entre fueros. Mientras el juez laboral Raúl Ojeda analiza si acepta la inhibitoria dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 —que pretende concentrar allí las causas—, el Gobierno decidió escalar el conflicto judicial.

El per saltum es una herramienta excepcional que permite a la Corte intervenir directamente en casos de gravedad institucional, evitando demoras procesales. En este caso, la Casa Rosada también solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que implicaría dejar sin efecto la cautelar vigente mientras se analiza el fondo del asunto.

La relación entre el Ejecutivo y el máximo tribunal atravesó en los últimos meses momentos de tensión y acercamiento. El intento fallido de ampliar la Corte y las diferencias institucionales marcaron la agenda reciente, aunque la reforma laboral aparece ahora como un posible punto de convergencia.

Por lo pronto, la medida cautelar que frenó la aplicación de más de 80 artículos continúa vigente, manteniendo en suspenso uno de los pilares del programa económico y laboral del Gobierno.