Jueves 3 de Septiembre de 2026

Gremiales | 03 de septiembre

Jerárquicos de la recolección de residuos protestaron contra Nittida y denunciaron persecución sindical: “Buscan disciplinar a los trabajadores”

La conflictividad laboral volvió a instalarse en uno de los servicios esenciales de la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación Gremial del Personal Superior Jerárquico y de Control de Empresas de Levantamiento y Recolección de Residuos realizó el lunes 31 de agosto una protesta frente a la sede de Nittida (Eco Habitat S.A. y Otra UTE), en Villa Soldati.

El reclamo sindical apunta contra el accionar de la empresa, que tiene a su cargo el levantamiento y la recolección de residuos en las comunas 9 y 10 de la Ciudad.

Desde la organización sostienen que existe una serie de prácticas que afectarían las condiciones laborales y el derecho de los trabajadores a contar con representación gremial.

Denuncian una escalada de medidas disciplinarias

Según plantearon desde el gremio, la empresa mantendría una serie de conductas que calificaron como “persecución, intimidación, aplicación de sanciones ilegales, cambios de sectores arbitrarios y despidos encubiertos”, además de situaciones de maltrato cotidiano.

La organización sostiene que estas medidas tendrían como objetivo disciplinar a trabajadores que buscan ejercer su derecho a la representación sindical.

El único fin es disciplinar y castigar a los trabajadores que buscan y tienen el derecho a ser representados”, señalaron desde la entidad.

El sindicato también denunció que la empresa se mostraría reticente a establecer canales de diálogo para resolver el conflicto.

El reclamo también apunta al Gobierno porteño

Uno de los puntos centrales de la protesta fue la responsabilidad que, según el gremio, le corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de contratante del servicio.

La organización aseguró que las situaciones denunciadas ya fueron planteadas ante distintos organismos porteños y que tanto el área de Higiene Urbana como la Subsecretaría de Trabajo y Empleo tendrían conocimiento de los reclamos.

Sin embargo, desde el sindicato sostienen que las prácticas denunciadas continúan.

Todas estas prácticas antisindicales, pese a varias denuncias efectuadas y con el pleno conocimiento del área de Higiene Urbana y de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aún continúan”, afirmaron.

Para la organización, la discusión excede la relación entre la empresa y sus trabajadores y alcanza directamente al Estado porteño, que contrata y supervisa la prestación del servicio.

“¿La Ciudad controla solamente que se levante la basura?”

En ese sentido, el gremio puso el foco sobre los mecanismos de control que aplica la administración porteña sobre las empresas concesionarias o contratistas de servicios públicos.

La pregunta que dejaron planteada sintetiza el reclamo: “¿El Gobierno controla solamente que se levante la basura o también controla el cumplimiento integral de las obligaciones asumidas por la contratista?”

La organización considera que el control estatal no debería limitarse al cumplimiento operativo del servicio de recolección, sino que también debería contemplar el respeto de las obligaciones laborales y sindicales asumidas por las empresas que trabajan para la administración pública.

Una protesta que busca abrir una instancia de diálogo

La manifestación frente a Nittida expuso así un conflicto que el sindicato asegura haber denunciado previamente ante las autoridades porteñas.

Desde la organización reclaman que se intervenga para frenar las situaciones denunciadas y que se garantice el derecho de los trabajadores a organizarse y ser representados sin sufrir represalias.

El conflicto vuelve a poner bajo la lupa las condiciones laborales dentro de las empresas que prestan servicios esenciales para la Ciudad y, particularmente, el nivel de control que ejerce el Estado sobre sus contratistas.

Mientras el sindicato exige respuestas, el reclamo deja una cuestión abierta para la gestión porteña: si las empresas que prestan servicios públicos deben ser controladas únicamente por la calidad del servicio que brindan o también por la forma en que cumplen sus obligaciones laborales y sindicales.

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