El Gobierno de Javier Milei convocó para este martes a una nueva reunión paritaria con los gremios de las universidades nacionales, en un escenario atravesado por una disputa que excede largamente la discusión salarial: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el enfrentamiento judicial que mantiene abierto el Ejecutivo con las universidades públicas.

El encuentro está previsto para las 11 en el Palacio Pizzurno y contará con representantes de Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales.

La convocatoria llega después de meses de conflicto y con los salarios universitarios todavía por debajo de lo que los sindicatos consideran que corresponde de acuerdo con la normativa y la cautelar judicial vigente.

LOS GREMIOS RECLAMAN OTRO 30%

Uno de los principales puntos que estará sobre la mesa será la recomposición salarial.

Según sostienen las organizaciones universitarias, el Gobierno debería haber aplicado una actualización considerablemente mayor a la efectivamente otorgada. Tras el avance judicial de la Ley de Financiamiento, los gremios estiman que todavía resta recuperar alrededor de 30% de los salarios, además de discutir el retroactivo correspondiente.

«De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen del lado del Gobierno para no cumplir la cautelar judicial de actualización salarial y becas estudiantiles», sostuvo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun en la negociación.

La demanda sindical no se limita a una nueva suba hacia adelante. También reclama que se reconozca la pérdida acumulada desde diciembre de 2023 y que se abone el retroactivo desde la promulgación de la ley.

En otras palabras, para los gremios, la discusión de este martes no parte de cero: existe una deuda salarial que el Ejecutivo todavía debería saldar.

«SI NO SALDAN LA DEUDA, SE AGUDIZA EL CONFLICTO»

La conducción de Conadu llegó a la reunión después del paro nacional de 48 horas realizado la semana pasada.

Su secretaria general, Clara Chevalier, calificó como «muy contundente» la medida de fuerza y anticipó que la respuesta oficial será determinante para definir los próximos pasos.

«Si este 1 de septiembre el Gobierno no salda la deuda con la Universidad y sus trabajadores, vamos a una agudización del conflicto», advirtió.

El planteo anticipa que una oferta insuficiente podría traducirse rápidamente en nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales.

Mientras tanto, desde el sector sindical aseguran mantener predisposición al diálogo, pero sostienen que la negociación debe partir del reconocimiento de los incumplimientos acumulados.

UNA LEY QUE TERMINÓ EN LA JUSTICIA

La disputa por el financiamiento universitario lleva casi un año y tuvo un recorrido institucional poco habitual.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente insistida por el Parlamento con mayorías especiales. Frente a la falta de aplicación de sus disposiciones, las universidades recurrieron a la Justicia.

La cautelar dictada a favor del sistema universitario terminó quedando firme luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso extraordinario presentado por el Gobierno el 25 de junio.

El conflicto judicial, lejos de cerrarse, continuó con pedidos de las universidades para que se adopten medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la resolución.

El CIN solicitó incluso la aplicación de multas contra funcionarios responsables y evaluó la posibilidad de impulsar una causa penal por presunta desobediencia.

EL GOBIERNO INTENTA DAR POR CUMPLIDA LA NORMA

Uno de los puntos de mayor tensión pasa por la interpretación que cada parte hace de los pagos realizados.

El Ejecutivo sostiene que está cumpliendo con la normativa y utiliza como argumento el acuerdo paritario alcanzado en mayo, que contempló un incremento del 21%, además de otro 3% previsto para octubre.

Desde las universidades consideran que ese argumento no alcanza para dar por cumplida la cautelar.

En la audiencia realizada el 21 de agosto, el Gobierno habría intentado sostener que los aumentos otorgados justificaban el levantamiento de la medida judicial.

La respuesta de la representación universitaria fue tajante.

El abogado constitucionalista Pablo Manili, representante de los rectores nucleados en el CIN, cuestionó ese planteo y lo comparó con intentar levantar un embargo después de haber pagado apenas una parte de una deuda.

El juez federal Martín Cormick, quien había dictado originalmente la cautelar y cuya decisión luego fue avalada por la Cámara de Apelaciones, finalmente no hizo lugar al pedido de levantamiento.

LA DISCUSIÓN TAMBIÉN ALCANZA A LOS HOSPITALES

El conflicto financiero no se limita a los salarios.

Durante la audiencia judicial, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, planteó además la situación de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los fondos previstos en el Presupuesto 2026.

La preocupación abarca así el funcionamiento cotidiano de las universidades, las becas estudiantiles, los salarios y el sostenimiento de los hospitales que dependen de las instituciones académicas.

El impacto alcanza a un sistema que involucra a casi 2 millones de estudiantes, más de 266.000 docentes y unos 65.000 trabajadores no docentes, según las cifras citadas por las universidades.

LA JUSTICIA, OTRA VEZ EN EL CENTRO

El otro frente abierto es el judicial.

Desde el ámbito universitario cuestionaron lo que consideran una estrategia del Gobierno destinada a demorar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Manili sostuvo que los jueces de primera instancia enfrentan una situación particularmente compleja cuando deben dictar órdenes que involucran directamente al Poder Ejecutivo.

En ese marco, desde el sector universitario interpretan que la capacidad institucional del Gobierno para intervenir en los procesos de designación y remoción de magistrados podría generar presión sobre los jueces.

Se trata de una interpretación y denuncia política planteada desde el sector universitario, no de una decisión judicial que haya acreditado una maniobra de presión sobre el magistrado.

El dato concreto es que, hasta ahora, la controversia continúa abierta y el Gobierno todavía no logró que se levante la cautelar.

¿PAGO EN CUOTAS O MÁS CONFLICTO?

La expectativa está puesta ahora en la propuesta que llevará el Ejecutivo a la mesa paritaria.

Entre las versiones que circulan aparece la posibilidad de que el Gobierno ofrezca cancelar la deuda salarial en tramos durante los próximos meses.

También existe la posibilidad de que mantenga la postura que viene sosteniendo y considere suficientes los aumentos ya otorgados.

Con los salarios de agosto ya depositados y sin el porcentaje de recomposición que los gremios entienden que corresponde, la reunión de este martes puede convertirse en un punto de inflexión.

Para los sindicatos universitarios, ya no alcanza con una nueva promesa de aumento.

La discusión es si el Gobierno está dispuesto a cumplir con una ley aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente, reconocer la deuda acumulada y recomponer los ingresos de docentes y no docentes.

Si la respuesta vuelve a ser negativa, las universidades ya anticiparon el escenario: más conflicto, nuevas medidas de fuerza y una disputa que seguirá trasladándose entre la calle, las paritarias y los tribunales. (www.REALPOLITIK.com.ar)