El juez Enrique Lavié Pico revocó la medida que había frenado el acuerdo entre Nación y CABA para transferir la Justicia Nacional del Trabajo. El sindicato que conduce Julio Piumato había conseguido suspender el proceso en marzo. Todavía quedan planteos judiciales y resta definir el financiamiento de la nueva estructura.

El proceso para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires volvió a avanzar luego de una decisión judicial que dejó sin efecto la cautelar obtenida meses atrás por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez subrogante Enrique Lavié Pico, resolvió revocar la medida cautelar que mantenía suspendido el acuerdo firmado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño para avanzar con el traspaso de competencias.

La cautelar había sido dictada en marzo por el entonces juez Herman Mendel, a partir de una presentación realizada por la UEJN, gremio conducido por Julio Piumato.

Mendel presentó su renuncia el 21 de mayo y dejó formalmente el cargo el 1° de julio.

La Procuración consideró que el proceso puede continuar

La decisión fue comunicada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que interpretó el fallo como una habilitación para continuar con el proceso de transferencia.

El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, celebró la resolución y vinculó el avance con el proceso de autonomía jurisdiccional de la Ciudad previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional.

“Es la concreción de un mandato constitucional postergado”, sostuvo Amerio.

El funcionario también relacionó la decisión con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocidos como “Levinas” y “Marcelina”, que ampliaron las facultades jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia porteño.

Desde la Procuración señalaron que la resolución permite retomar un proceso que, según su interpretación, llevaba años demorado.

La pelea judicial todavía no terminó

Aunque la revocación de la cautelar representa un avance para el Gobierno nacional y la administración porteña, el traspaso todavía no está completamente definido.

Permanece pendiente otro planteo presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que podría incidir sobre el proceso.

Además, Nación y CABA todavía deben cerrar un aspecto fundamental: cómo se transferirán los recursos necesarios para financiar la estructura judicial que asumirá las nuevas competencias.

Es decir, la decisión judicial despeja uno de los obstáculos existentes, pero todavía quedan cuestiones institucionales, presupuestarias y judiciales por resolver antes de que el nuevo esquema pueda comenzar a funcionar.

Qué tribunales quedarían bajo la órbita porteña

El diseño previsto para la nueva Justicia Laboral de la Ciudad contempla inicialmente diez juzgados de Primera Instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

La nueva estructura tendrá competencia sobre los conflictos laborales individuales entre trabajadores y empresas originados en territorio porteño.

Uno de los puntos centrales del esquema es la división entre las causas existentes y los nuevos expedientes.

Los procesos que ya fueron iniciados antes de la puesta en funcionamiento del nuevo fuero permanecerán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta obtener sentencia definitiva.

En cambio, las demandas laborales que se inicien posteriormente deberán tramitar ante los nuevos tribunales porteños.

No habrá un traslado automático de empleados y jueces

El acuerdo entre Nación y Ciudad contempla la transferencia de competencias, pero no supone automáticamente el traslado de todos los integrantes de la actual Justicia Nacional del Trabajo.

De acuerdo con el esquema previsto, jueces, funcionarios y empleados nacionales no pasarán automáticamente a formar parte de la estructura porteña.

Este punto constituye uno de los aspectos más sensibles del proceso para los trabajadores judiciales y para las organizaciones sindicales que vienen cuestionando el traspaso.

También quedarán fuera de la transferencia las cuestiones vinculadas con conflictos colectivos y sindicales, debido al carácter federal que conservan esas competencias.

El convenio ya fue incorporado a la reforma laboral

El acuerdo entre Nación y CABA fue incorporado como anexo de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y posteriormente recibió el aval de la Legislatura porteña.

La norma fue aprobada con 36 votos afirmativos y dos negativos, mientras que el bloque peronista se inclinó mayoritariamente por la abstención.

El proceso, por lo tanto, cuenta con respaldo legislativo, aunque todavía enfrenta cuestionamientos en sede judicial.

CABA apunta a poner en marcha el nuevo fuero en 2027

El Gobierno porteño trabaja con la expectativa de poner en funcionamiento la nueva estructura de Justicia Laboral en febrero de 2027.

En esa dirección, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad ya avanzó con los concursos correspondientes y remitió a la Legislatura los pliegos de los candidatos destinados a ocupar los primeros cargos.

Ahora resta resolver la cuestión presupuestaria y superar las instancias judiciales que todavía permanecen abiertas.

Un conflicto que también impacta en los trabajadores judiciales

El traspaso del fuero laboral no es solamente una discusión institucional entre Nación y Ciudad. También abre un interrogante sobre el futuro de cientos de trabajadores que actualmente integran la Justicia Nacional del Trabajo.

La resolución de Lavié Pico permite que el proceso avance, pero todavía deberá definirse qué ocurrirá concretamente con los empleados, funcionarios y magistrados que hoy sostienen el funcionamiento de los tribunales nacionales.

Para el Gobierno, el proceso representa un paso más hacia la autonomía jurisdiccional de CABA. Para los sectores que cuestionan la transferencia, en cambio, permanecen dudas sobre su constitucionalidad, su financiamiento y las consecuencias que tendrá sobre la estructura judicial y laboral.

Con la cautelar revocada, la disputa entra ahora en una nueva etapa, mientras Nación y Ciudad aceleran las gestiones para intentar que el nuevo fuero laboral porteño comience a funcionar durante el primer trimestre de 2027.