La decisión del Gobierno nacional de recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar una nueva línea de créditos hipotecarios abrió un frente de cuestionamientos dentro del sindicalismo estatal.

Desde ATE, el coordinador nacional del gremio en ANSES y paritario nacional, Luciano Fernández, cuestionó el esquema anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y puso el foco en el destino que tendrán los recursos que pertenecen al sistema previsional.

El dirigente fue categórico al plantear que el fondo no debería funcionar como una fuente de financiamiento para el sistema bancario. “El FGS no es una caja financiera del Gobierno ni de los bancos. Es patrimonio del sistema previsional y pertenece a los trabajadores”, sostuvo.

Hasta $2 billones para fondear a los bancos

El mecanismo anunciado por Economía contempla que el FGS coloque hasta $2 billones en depósitos a plazo fijo de largo plazo en entidades bancarias.

El objetivo es que los bancos utilicen esos recursos para otorgar créditos hipotecarios ajustados por UVA, con una tasa máxima de UVA + 7,5%, plazos de al menos 15 años y un tope de hasta 150.000 UVA.

Para ATE, el punto central de la discusión no es únicamente la posibilidad de generar nuevas herramientas de financiamiento para la vivienda, sino quién termina beneficiándose con los recursos previsionales.

Fernández sostuvo que Argentina necesita crédito y políticas habitacionales, pero cuestionó que el mecanismo elegido implique poner fondos del sistema previsional al servicio de entidades financieras.

Un crédito que, según ATE, deja afuera a los trabajadores

Otro de los cuestionamientos se concentra en los requisitos económicos establecidos para acceder a los préstamos.

La simulación difundida por el propio Gobierno contempla un crédito equivalente a USD 80.000, destinado a financiar el 75% de una propiedad valuada en USD 106.000.

Para acceder a ese financiamiento, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos cercanos a $3,46 millones mensuales, mientras que la primera cuota rondaría los $865.000.

Para Fernández, esos números muestran las dificultades que tendrá una familia asalariada promedio para ingresar al programa.

“Quedará lejos de una gran parte de las familias trabajadoras”, advirtió el dirigente.

Desde ATE sostienen que el acceso a la vivienda no puede analizarse exclusivamente desde la lógica del crédito bancario y reclamaron una política pública que contemple también los niveles salariales y las posibilidades reales de pago de los trabajadores.

El FGS y el debate por su finalidad

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007 con una finalidad vinculada a la protección del sistema previsional frente a escenarios de crisis.

Tras la estatización del sistema de AFJP en 2008, el fondo pasó a administrar los recursos provenientes del régimen de capitalización.

De acuerdo con los datos citados por ATE, en junio de 2026 el FGS alcanzaba unos $123,4 billones. En términos reales, ese patrimonio representaría una caída cercana al 8% respecto de diciembre de 2023, aunque medido en dólares prácticamente duplicó su valor durante el período considerado.

El sindicato cuestiona que la evolución nominal y en dólares sea utilizada como argumento suficiente para justificar el actual destino de los recursos.

Fernández señaló además que el análisis debe contemplar las modificaciones cambiarias y las decisiones adoptadas durante los últimos años en materia de fondos fiduciarios, programas sociales y créditos destinados a sectores vulnerables.

El contraste con los créditos ANSES

ATE también puso sobre la mesa el cambio de orientación que sufrió el organismo previsional.

Uno de los ejemplos mencionados por el dirigente es la suspensión de los Créditos ANSES, que habían permitido a jubilados y pensionados acceder a financiamiento bajo condiciones específicas.

Según el planteo sindical, desde la interrupción de ese programa en 2024 se produjo una fuerte reducción real de los préstamos vinculados con los beneficiarios del sistema previsional.

En paralelo, el Gobierno avanza ahora con un mecanismo mediante el cual los recursos del FGS son canalizados hacia entidades bancarias para financiar créditos hipotecarios.

Para ATE, esa diferencia refleja un cambio de prioridades en la utilización del patrimonio previsional.

PROCREAR, el modelo que reivindica ATE

Fernández contrastó el esquema actual con el PROCREAR, programa de acceso a la vivienda implementado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el gremio destacan que aquella política no se limitaba al otorgamiento de créditos, sino que combinaba financiamiento, construcción, desarrollo urbano y generación de puestos de trabajo.

ATE sostiene que más de 500.000 familias pudieron acceder a distintas modalidades de financiamiento durante los primeros años del programa y que la iniciativa tuvo además un impacto sobre la actividad de la construcción.

La comparación forma parte de una discusión más amplia sobre el papel que debe asumir el Estado en materia habitacional: si debe limitarse a facilitar el acceso al crédito bancario o intervenir directamente en el financiamiento, la construcción y el desarrollo urbano.

ATE reclama explicaciones ante el Congreso

El sindicato estatal anticipó que reclamará mayores precisiones sobre el mecanismo elegido por el Gobierno.

Fernández pidió que las autoridades de ANSES y del Ministerio de Capital Humano expliquen ante el Congreso cuáles serán los criterios utilizados para disponer de los recursos del FGS y bajo qué condiciones se realizarán las operaciones con las entidades financieras.

La discusión excede, para ATE, la implementación de una nueva línea hipotecaria.

El eje del reclamo apunta directamente a definir qué finalidad debe tener el patrimonio previsional y quién debe beneficiarse con su utilización.

“Argentina necesita crédito y necesita una política de vivienda”, planteó Fernández. Pero, según el dirigente, la verdadera discusión es si los recursos de ANSES se utilizan para garantizar negocios financieros o para fortalecer la seguridad social, el empleo, la producción y el acceso a derechos.

En ese punto se concentrará ahora la disputa sindical: el destino de los fondos previsionales vuelve a quedar bajo la lupa y ATE promete llevar el debate al terreno político y parlamentario.