La crisis de Musimundo volvió a golpear con fuerza al Nordeste argentino. La empresa Carsa S.A., licenciataria de la marca en la región, concretó el cierre de distintas sucursales y comenzó a notificar despidos a trabajadores que, en varios casos, llevaban décadas en sus puestos.

El conflicto tomó una nueva dimensión este lunes, cuando los empleados empezaron a recibir cartas documento en las que la compañía comunicó que prescindía de sus servicios a partir del 31 de agosto.

Pero el punto que encendió las alarmas no fue solamente el cierre de los locales. En las notificaciones, la empresa señaló que las liquidaciones finales y las indemnizaciones estaban «en proceso de liquidación» y que serían abonadas «en la medida en que la disponibilidad de flujos y la capacidad financiera de la empresa lo vayan permitiendo».

Para los trabajadores y el Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CECP), esa fórmula no ofrece una garantía concreta respecto del momento en que cobrarán lo que les corresponde. Incluso comenzó a circular la posibilidad de que los pagos puedan realizarse en cuotas.

Locales cerrados y trabajadores que se enteraron por redes sociales

La situación adquirió particular tensión en Posadas. Dos empleados de la sucursal ubicada sobre calle Bolívar, con 18 y 21 años de antigüedad, se presentaron el lunes por la mañana en su lugar habitual de trabajo y encontraron las puertas cerradas.

Según dejaron asentado en una exposición policial realizada en la Comisaría Seccional Primera, no había directivos ni responsables de la firma en el establecimiento.

Los trabajadores también señalaron que no habían recibido una comunicación formal previa sobre el cierre y que se enteraron de la situación a través de las redes sociales.

La situación se produjo antes de que comenzaran a llegar las cartas documento con las notificaciones de despido.

El Ministerio de Trabajo intervino y convocó a una audiencia

Ante el conflicto, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones notificó al Centro de Empleados de Comercio de Posadas de la Providencia N° 007/2026, dictada dentro del expediente iniciado por el sindicato contra Musimundo/Carsa S.A.

La cartera laboral fijó una audiencia de comparecencia obligatoria para el jueves 3 de septiembre a las 11, en la sede central del organismo provincial, y ordenó trasladar a la empresa la presentación realizada por el gremio.

Desde el CECP confirmaron que la convocatoria fue solicitada por la organización sindical junto con los trabajadores desvinculados.

«Vendrán los empleados desvinculados sin causa de todas las sucursales», señalaron desde el gremio, que cuestionó el procedimiento utilizado por la compañía y puso el foco tanto en las comunicaciones de los despidos como en la falta de certezas sobre las indemnizaciones.

53 trabajadores afectados solamente en Misiones

El impacto del cierre alcanza, según la información aportada por el gremio, a 53 trabajadores en cinco establecimientos de Misiones.

La distribución incluye:

• 13 trabajadores de la sucursal de calle Bolívar.
• 10 de avenida Uruguay.
• 8 de Leandro N. Alem.
• 6 de Apóstoles.
• 6 de Jardín América.

El cierre, además, no quedó circunscripto a Misiones. Durante el mismo fin de semana se produjeron cierres de locales en Corrientes, Chaco y Formosa, profundizando el achicamiento de la presencia comercial de Musimundo en toda la región.

La sombra del concurso preventivo de Carsa

Detrás de los cierres aparece además la delicada situación financiera de Carsa S.A., empresa radicada en Chaco que inició en julio un concurso preventivo de acreedores.

Ese proceso agrega incertidumbre al escenario laboral, particularmente porque la propia empresa vinculó en las comunicaciones enviadas a sus empleados el pago de las indemnizaciones con su disponibilidad de fondos y capacidad financiera.

Ahora, el conflicto deberá atravesar una instancia formal ante el Ministerio de Trabajo de Misiones.

Los trabajadores y el sindicato buscarán obtener respuestas sobre las indemnizaciones, eventuales haberes pendientes y las condiciones en las que se produjeron los despidos, mientras la compañía enfrenta un proceso de reorganización financiera que ya tuvo consecuencias directas sobre sus trabajadores.

La audiencia del jueves será, así, el primer escenario institucional para intentar ponerle certezas a una crisis que dejó locales cerrados, puestos de trabajo perdidos y una pregunta central todavía sin respuesta: cuándo y cómo cobrarán los trabajadores las indemnizaciones que les corresponden.