La CGT Regional Santa Fe llevó el conflicto alrededor del sistema de riesgos del trabajo hasta el máximo tribunal provincial. En una reunión realizada el 31 de agosto, representantes de la central obrera expusieron ante los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sus cuestionamientos al funcionamiento de las Comisiones Médicas y plantearon que las deficiencias del sistema administrativo terminan empujando a los trabajadores hacia los tribunales.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder.

Por la CGT participaron Claudio Girardi, Mariano Burgard, Luis Menelli y Walter Uriondo, además de los abogados de la organización, Pedro Pusineri y Gabriela Coronel.

La organización sindical llevó como principal preocupación los rechazos y porcentajes de incapacidad que, según denunció, surgen de manera recurrente de las Comisiones Médicas ante accidentes y enfermedades laborales.

Un dato que encendió la alarma

Durante la reunión se conocieron estadísticas del Cuerpo Médico Forense de la Corte que, según la central sindical, permiten dimensionar la magnitud del problema.

De acuerdo con los datos presentados, mientras las Comisiones Médicas establecen en numerosos expedientes incapacidades del 0% o del 1%, las pericias realizadas posteriormente por profesionales del Poder Judicial encuentran porcentajes sustancialmente mayores.

El promedio de incapacidad determinado por el Cuerpo Médico Forense en los casos analizados alcanzaría el 7,79%.

La diferencia se vuelve todavía más significativa al observar los expedientes que habían sido rechazados completamente.

De 40 casos en los que la Comisión Médica había establecido una incapacidad del 0%, en 35 el Cuerpo Médico Forense habría detectado posteriormente algún grado de daño. Es decir, el 87,5% de esos expedientes terminó con un reconocimiento de incapacidad en la instancia judicial.

Para la CGT Santa Fe, el dato pone en cuestión el argumento que responsabiliza a los trabajadores y a sus abogados por el crecimiento de la litigiosidad laboral.

“Esto demuestra que la litigiosidad no es culpa de los trabajadores ni de sus abogados, sino la consecuencia directa de un sistema administrativo que les niega sistemáticamente el daño sufrido”, plantearon desde la organización.

El cuello de botella de las Comisiones Médicas

La central obrera sostuvo ante los ministros de la Corte que el problema no se limita a los porcentajes de incapacidad.

También cuestionó los procedimientos y los tiempos de resolución de las Comisiones Médicas, especialmente en situaciones en las que el trabajador necesita una respuesta para afrontar las consecuencias económicas y personales derivadas de un accidente o una enfermedad laboral.

Según el planteo sindical, los trabajadores que reciben un rechazo administrativo quedan prácticamente obligados a recurrir a la Justicia para intentar obtener el reconocimiento de un daño que, en numerosos casos, posteriormente aparece acreditado en las pericias judiciales.

De esta manera, el sindicato considera que la judicialización no sería el origen del problema sino una consecuencia del funcionamiento del sistema administrativo.

La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que las reformas sobre el sistema de riesgos del trabajo buscaron reducir la litigiosidad y trasladar buena parte de la resolución de los conflictos hacia las Comisiones Médicas.

La otra preocupación: los créditos laborales

La CGT Santa Fe también puso sobre la mesa otro problema que considera central: la pérdida del poder adquisitivo de las indemnizaciones y créditos reconocidos a los trabajadores.

La organización sindical denunció una “licuación” de los créditos laborales como consecuencia de los criterios utilizados para actualizar las sumas determinadas judicialmente.

Según expusieron ante la Corte, los mecanismos aplicados en el fuero laboral santafesino presentan diferencias respecto de los utilizados en otras jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos.

El planteo sindical apunta a un problema concreto: que el trabajador que finalmente logra obtener un reconocimiento judicial pueda recibir, al momento del pago, una suma cuyo valor real sea considerablemente menor al que tenía cuando se produjo el daño o cuando se inició el reclamo.

Para la CGT, la discusión sobre actualización no constituye una cuestión meramente técnica. Está directamente vinculada con la posibilidad de que una reparación laboral mantenga su capacidad efectiva de compensar el perjuicio sufrido.

Un reclamo que llegó al máximo tribunal

La reunión con la Corte Suprema santafesina fue valorada por la central obrera como una instancia importante para instalar institucionalmente sus cuestionamientos.

La CGT destacó la predisposición del máximo tribunal provincial para escuchar el diagnóstico sindical y analizar las estadísticas producidas por organismos vinculados al propio Poder Judicial.

El encuentro permitió, además, poner en discusión una cuestión que atraviesa directamente al sistema de relaciones laborales: qué ocurre cuando el mecanismo administrativo destinado a resolver los reclamos de los trabajadores no reconoce una incapacidad que posteriormente aparece acreditada en sede judicial.

Desde la perspectiva sindical, la respuesta no pasa por restringir el acceso a los tribunales sino por corregir las deficiencias que generan la judicialización.

La disputa por el acceso a la Justicia laboral

La discusión tiene una dimensión que excede a Santa Fe.

El funcionamiento de las Comisiones Médicas y la litigiosidad derivada de accidentes y enfermedades laborales forman parte de uno de los debates centrales alrededor del sistema de riesgos del trabajo.

Mientras las reformas impulsadas en los últimos años buscaron reducir los juicios y establecer instancias administrativas previas, las organizaciones sindicales cuestionan que ese esquema pueda terminar funcionando como una barrera para trabajadores que reclaman el reconocimiento de daños reales.

Los números presentados en la reunión, según la CGT, ofrecen un elemento concreto para alimentar esa discusión.

El dato de que 35 de 40 expedientes rechazados con 0% de incapacidad terminaran con algún grado de daño reconocido por el Cuerpo Médico Forense fue utilizado por la central para cuestionar la idea de que el trabajador recurre a la Justicia simplemente para obtener una indemnización.

La lectura sindical es otra: si el sistema administrativo rechaza un reclamo que luego encuentra respaldo pericial en la Justicia, el conflicto no estaría generado por la litigiosidad sino por el funcionamiento previo del propio sistema.

La CGT pidió continuar el diálogo

Tras el encuentro, la central obrera planteó la necesidad de mantener abiertos los canales institucionales con el Poder Judicial y avanzar en alternativas que permitan garantizar un acceso efectivo a la Justicia para los trabajadores y trabajadoras santafesinos.

La CGT considera que los datos analizados durante la reunión justifican una revisión del funcionamiento de las Comisiones Médicas y de los mecanismos de actualización de los créditos laborales.

El planteo deja así instalado un debate de fondo: si las instancias administrativas realmente están reduciendo la conflictividad o si, por el contrario, los rechazos y demoras terminan trasladando los reclamos hacia los tribunales.

Con las cifras del Cuerpo Médico Forense sobre la mesa, la central sindical salió de la Corte con un argumento que buscará sostener en la discusión sobre el futuro del sistema: la judicialización puede ser el resultado de un trabajador al que primero le dijeron que no tenía daño y después la propia Justicia encontró que sí lo tenía.