El vencimiento del régimen que permite compatibilizar determinados beneficios sociales con el trabajo rural temporario abrió una nueva incertidumbre para miles de trabajadores del sector. El Decreto 514/2021 dejó de estar vigente el 1° de septiembre, sin que hasta ese momento se hubiera publicado una nueva prórroga en el Boletín Oficial.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) reclamó al Gobierno nacional una definición inmediata y advirtió que la falta de continuidad del mecanismo podría afectar a alrededor de 120.000 trabajadores y sus familias en distintas regiones productivas del país.

El régimen había sido creado para resolver una de las principales dificultades que enfrentaban los trabajadores rurales temporarios: la posibilidad de perder determinadas prestaciones sociales al ingresar a un empleo registrado.

La herramienta buscó, precisamente, evitar que la formalización laboral se transformara en un desincentivo para aceptar trabajos vinculados a actividades estacionales.

El reclamo de UATRE

Desde el sindicato señalaron que su secretario general, José Voytenco, había enviado el pasado 18 de agosto una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando la extensión del régimen antes de su vencimiento.

Sin embargo, llegó el 1° de septiembre sin que se conociera una disposición publicada que extendiera formalmente su vigencia.

Para la organización sindical, la demora genera un escenario de incertidumbre especialmente delicado para quienes dependen de trabajos temporarios durante determinadas épocas del año.

«La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país», planteó Voytenco.

La UATRE sostiene que, si los trabajadores perciben que aceptar un empleo registrado puede implicar perder beneficios que reciben durante los períodos de menor actividad, puede reaparecer un incentivo hacia la informalidad.

Un régimen clave para las economías regionales

La compatibilidad entre trabajo temporario y prestaciones sociales tiene especial relevancia en actividades donde la contratación se concentra durante determinados períodos del año.

Entre ellas aparecen la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la producción tabacalera, además de otras economías regionales que requieren grandes cantidades de trabajadores durante las temporadas de cosecha.

De acuerdo con el planteo sindical, aproximadamente el 70% del empleo rural tiene características estacionales, por lo que la continuidad de este tipo de herramientas resulta determinante para sostener los niveles de registración.

El argumento de la UATRE es que la compatibilidad no constituye solamente un beneficio para los trabajadores, sino también un mecanismo que facilita a los productores cubrir puestos temporarios con mano de obra registrada.

La respuesta de Capital Humano

Ante el reclamo gremial, desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la continuidad del régimen se encuentra dentro de un trámite administrativo y aseguraron que no habrá interrupciones en el cobro de las prestaciones.

La aclaración oficial busca llevar tranquilidad a los trabajadores que dependen de esos beneficios, aunque todavía queda abierta la discusión respecto de la formalización normativa que debe reemplazar al decreto vencido.

Empresarios y una interpretación diferente

El debate también incorporó una diferencia de interpretación con el sector empresario.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostienen que la compatibilidad entre determinados beneficios y el empleo rural ya habría quedado contemplada en la reciente Ley de Modernización Laboral.

Bajo esa interpretación, no sería necesaria una nueva extensión del Decreto 514/2021.

La posición empresaria introduce así un elemento adicional en la discusión: mientras la UATRE reclama una prórroga explícita para evitar cualquier vacío normativo, el sector empresarial entiende que la nueva legislación habría dado continuidad al mecanismo por otra vía.

El temor a que vuelva la informalidad

Para el sindicato, el problema central no es solamente qué ocurrirá con las prestaciones en los próximos meses, sino el impacto que una eventual interrupción podría tener sobre la contratación registrada.

El temor es que, ante la incertidumbre, trabajadores y empleadores terminen recurriendo nuevamente a mecanismos informales para cubrir las necesidades de las temporadas de cosecha.

Por eso, la UATRE reclama una definición rápida del Gobierno y advierte que el objetivo debería ser garantizar que aceptar un empleo rural formal no implique perder la protección social durante los períodos en los que no existe actividad.

Mientras Capital Humano asegura que el trámite administrativo está encaminado y que no habrá interrupciones, los trabajadores rurales aguardan una resolución que despeje definitivamente la incertidumbre generada por el vencimiento del decreto.