En un contexto marcado por la desaceleración de la obra pública y cambios en la regulación nacional, el Sindicato de la Industria del Gas (STIGAS), junto a la Federación del sector, avanzó con dos proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires orientados a reorganizar la actividad y ampliar el acceso al servicio en zonas postergadas.

Las iniciativas fueron presentadas ante el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, como paso previo a su tratamiento en la Legislatura. Desde el gremio aseguran que se trata de una estrategia integral que apunta tanto a mejorar las condiciones laborales como a impulsar el desarrollo energético.

Uno de los proyectos propone la creación de un marco regulatorio para contratistas, subdistribuidoras y cooperativas que operan en el sector gasífero. La iniciativa busca establecer controles técnicos, laborales y de seguridad más estrictos, frente a un escenario que —según denuncian— presenta altos niveles de informalidad, tercerización y precarización.

En ese sentido, se prevé la creación de un registro provincial obligatorio para las empresas del rubro, bajo la órbita de la Subsecretaría de Energía. Para inscribirse, deberán cumplir con requisitos como habilitación técnica del ENARGAS, cumplimiento de normas laborales y de seguridad, personal encuadrado en convenio colectivo y antecedentes comprobables en obras gasíferas. El proyecto también establece un esquema de sanciones que va desde apercibimientos hasta la exclusión del registro.

La segunda propuesta apunta directamente a ampliar la red de gas en la provincia, especialmente en localidades del interior y la costa atlántica donde el servicio aún es limitado. Para ello, plantea un sistema de financiamiento sostenido mediante aportes obligatorios de empresas distribuidoras y transportistas, en reemplazo de mecanismos voluntarios.

Desde STIGAS sostienen que el acceso al gas natural no solo mejora la calidad de vida de los hogares, sino que también es clave para el desarrollo productivo, industrial y turístico. En esa línea, remarcan que aún persisten brechas significativas en distintas regiones bonaerenses.

El proyecto también contempla la creación de un Consejo Provincial de Infraestructura Gasífera, con participación del Estado, municipios, sindicatos y cooperativas, encargado de definir prioridades y monitorear el avance de las obras.

Entre los puntos críticos señalados figuran localidades como Las Armas, Mar del Plata, Balcarce, Necochea, Tandil, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa, donde la infraestructura resulta insuficiente para abastecer la demanda.

En ese marco, el gremio advirtió sobre la paralización de la planta compresora de Las Armas, una obra que se encuentra inconclusa con un avance cercano al 80%. Según indicaron, su finalización permitiría incorporar a unos 85 mil usuarios al sistema, con impacto directo en el desarrollo regional.

Las propuestas ingresarán en las próximas semanas a la Legislatura bonaerense, en un escenario donde la discusión sobre energía, empleo y obra pública vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial.