El conflicto en el subte porteño sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el Gobierno de la Ciudad, la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires y la concesionaria Emova impulsaran una denuncia penal contra 170 trabajadores bajo la figura de “asociación ilícita”.

La causa quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez y se vincula con medidas de fuerza realizadas entre 2024 y 2025, incluyendo paros y acciones gremiales promovidas por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, el sindicato que encabeza Néstor Segovia.

Rechazo gremial y denuncia de persecución

Desde la organización sindical rechazaron de manera categórica la imputación y advirtieron que se trata de un intento de encuadrar la actividad gremial dentro de una figura penal. En ese sentido, sostienen que la denuncia apunta a criminalizar la protesta y restringir derechos vinculados a la libertad sindical y al derecho a huelga.

El gremio declaró el estado de alerta y movilización, y convocó a organizaciones sindicales, sociales y políticas a pronunciarse frente a lo que consideran un avance sobre derechos constitucionales. Además, no descartan la adopción de nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

Antecedentes y desconfianza

Como antecedente, desde la AGTSyP recordaron que en 2018 la misma fiscal había impulsado una denuncia similar que fue desestimada por la Justicia. Para el sindicato, ese episodio refuerza la idea de una reiteración en la judicialización de los conflictos laborales, lo que incrementa la desconfianza hacia las autoridades.

El trasfondo del conflicto incluye reclamos históricos del sector, como las condiciones laborales y la problemática del asbesto en las formaciones, además de disputas recurrentes con la empresa concesionaria.

Un conflicto que se judicializa

La utilización de la figura de “asociación ilícita” implica penas de prisión, lo que eleva significativamente las consecuencias potenciales para los trabajadores involucrados. En el ámbito sindical, esto genera preocupación por el impacto que podría tener sobre futuras medidas de protesta.

Desde el gremio sostienen que este tipo de acciones judiciales no solo afecta a los trabajadores del subte, sino que sienta un precedente que podría extenderse a otros sectores en conflicto.

En este contexto, la AGTSyP convocó a una conferencia de prensa para el 6 de mayo, donde ampliará su postura y evaluará los pasos a seguir. Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y con riesgo de escalar, en un escenario donde la disputa laboral se traslada también al terreno judicial.