En una decisión que podría redefinir el esquema del transporte urbano, la Justicia porteña falló a favor del Sindicato de Peones de Taxis y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzar en la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la causa iniciada contra el Ejecutivo local por la falta de controles sobre las plataformas digitales.

La omisión estatal, bajo cuestionamiento

El tribunal consideró “ilegítima” la omisión del Gobierno porteño en materia de control, fiscalización y eventual sanción de las aplicaciones que operan en la Ciudad. En ese sentido, ordenó implementar medidas concretas para equilibrar las condiciones entre quienes cumplen con la normativa vigente —como taxis y remises— y quienes, según el fallo, lo hacen sin regulación.

Desde el sindicato, conducido por Jorge García y Miguel Soto, celebraron la decisión judicial y destacaron que se trata del resultado de “años de reclamos y acciones legales”.

Las apps, bajo la órbita local

Uno de los puntos centrales de la sentencia es que las plataformas digitales no pueden ser consideradas una mera intermediación tecnológica. Para la Cámara, se trata de una actividad de transporte de pasajeros que se desarrolla en el ámbito local, con usuarios, conductores y vehículos que circulan dentro de la Ciudad.

Este encuadre implica que la actividad queda bajo la competencia del Gobierno porteño en áreas como tránsito, transporte, seguridad vial y protección del usuario, lo que refuerza la obligación de regular y fiscalizar el servicio.

Medidas ordenadas

El fallo establece una serie de acciones que el Ejecutivo deberá implementar. Entre ellas, avanzar en la investigación tributaria de las plataformas para determinar si corresponde que tributen Ingresos Brutos y otras obligaciones fiscales en la jurisdicción.

Además, se dispuso la realización de campañas de información pública para advertir sobre los riesgos de utilizar servicios con conductores no habilitados o vehículos sin cobertura adecuada para pasajeros.

Un precedente con impacto nacional

La decisión judicial podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre la regulación de las aplicaciones de transporte, un conflicto que se replica en distintas ciudades del país.

Para el sector taxista, el fallo representa un respaldo institucional a su reclamo histórico por condiciones de competencia más equitativas. En tanto, abre un nuevo escenario para las plataformas digitales, que podrían enfrentar mayores exigencias regulatorias en el corto plazo.

La implementación efectiva de la sentencia y la respuesta del Gobierno porteño serán determinantes para definir el alcance real de una resolución que ya anticipa impacto en todo el sistema de movilidad urbana.