La oposición busca reactivar en Diputados el debate por una reforma integral de las licencias parentales, con un proyecto impulsado por legisladores de extracción sindical que propone ampliar derechos para trabajadores registrados, monotributistas, autónomos y familias adoptantes.

La iniciativa será incorporada al temario de la sesión solicitada para el próximo miércoles, aunque su tratamiento efectivo aparece condicionado por la estrategia parlamentaria del oficialismo, que convocó a una sesión previa en el mismo recinto. Si el Gobierno logra reunir quórum, la agenda opositora quedaría desplazada. Sin embargo, los bloques impulsores apuntan principalmente a forzar el emplazamiento de las comisiones para comenzar el debate formal de la propuesta.

El proyecto, encabezado por la diputada Vanesa Siley, reúne apoyos de distintos espacios opositores y plantea una actualización profunda del régimen vigente de licencias, todavía regido en gran parte por normas de la década del setenta.

Entre los cambios centrales aparece la ampliación de la licencia para progenitores no gestantes: pasaría de los actuales dos días corridos a un esquema de 30 días. La propuesta contempla una implementación gradual, con un período inicial de dos años en el que la licencia sería de 20 días antes de alcanzar el nuevo plazo definitivo.

Además, se crea una licencia parental compartida de 20 días adicionales, que podrá distribuirse entre ambos integrantes de la pareja durante el primer año de vida del hijo o hija. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y acompañar los cambios sociales y laborales de las últimas décadas.

La iniciativa también incorpora por primera vez a monotributistas y trabajadores autónomos dentro del sistema de protección. Para esos sectores se prevé la creación de asignaciones parentales equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil durante el período de licencia. El beneficio alcanzaría tanto a personas gestantes como no gestantes y a quienes atraviesen procesos de adopción.

De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) citados en el proyecto, actualmente existen más de 2,8 millones de trabajadores independientes que no cuentan con cobertura de este tipo de derechos vinculados al cuidado familiar.

Otro de los puntos destacados es la equiparación de derechos para familias adoptantes. El texto establece una licencia de 30 días corridos a partir de la notificación judicial de guarda con fines de adopción. También se suman licencias especiales para casos de nacimientos múltiples, prematurez, internación neonatal o enfermedades crónicas del recién nacido.

El proyecto modifica tanto la Ley de Contrato de Trabajo como la Ley de Asignaciones Familiares y extiende su alcance a empleados públicos, trabajadores agrarios y personal de casas particulares.

En paralelo, introduce un cambio importante en el esquema de financiamiento. Actualmente, las licencias por paternidad son cubiertas por los empleadores. La nueva propuesta establece que todas las licencias parentales sean financiadas por el sistema de seguridad social, con el argumento de evitar mayores costos para las empresas.

Los impulsores sostienen que el régimen actual quedó desactualizado frente a las nuevas dinámicas familiares y laborales. En los fundamentos se remarca que el modelo tradicional, centrado exclusivamente en la mujer como principal responsable de las tareas de cuidado, profundiza desigualdades en el acceso y desarrollo dentro del mercado laboral.

Con ese diagnóstico, el texto propone avanzar hacia un esquema basado en la “corresponsabilidad parental”, donde el cuidado deje de recaer únicamente sobre la maternidad y sea asumido de manera compartida.

Además de Vanesa Siley, acompañan la iniciativa legisladores como Sergio Palazzo, Mario Manrique, Kelly Olmos, Nicolás Massot y Maximiliano Ferraro, entre otros referentes de distintos bloques opositores.