La CGT expresó un duro rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada recientemente por el Congreso y advirtió que la modificación pone en riesgo recursos estratégicos como el agua, con consecuencias directas sobre el trabajo y el desarrollo productivo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera cuestionó tanto el contenido de la norma como el proceso legislativo que derivó en su sanción. Según planteó, la iniciativa fue impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada “a espaldas de la sociedad”, en línea con un modelo que —sostienen— prioriza intereses extractivos por sobre derechos ambientales y sociales.

“Sin agua no hay trabajo”

El eje del pronunciamiento estuvo puesto en la defensa de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. “Sin glaciares no hay agua, sin agua no hay trabajo y sin trabajo no hay futuro”, sintetizó la CGT, marcando la conexión entre ??????, producción y empleo.

Para la central sindical, la reforma de la Ley 26.639 abre la puerta a una mayor presión de actividades extractivas, en particular de la megaminería, sobre zonas protegidas. En ese sentido, advirtieron que detrás de los cambios normativos operan intereses de corporaciones vinculadas a la explotación de recursos naturales.

Críticas al “federalismo” y al debilitamiento de controles

Otro de los puntos cuestionados fue el argumento oficial de avanzar hacia un esquema más “federal” en la gestión de los recursos. Desde la CGT señalaron que, en la práctica, esto podría traducirse en una flexibilización de los controles ambientales y en una menor intervención del Estado nacional.

Además, alertaron sobre el riesgo de desestimar el conocimiento científico acumulado en torno a la preservación de glaciares, en un contexto donde el retroceso de estas masas de hielo ya es una problemática concreta a nivel global.

Recurso estratégico y conflicto en puerta

El comunicado también remarcó que los glaciares son la principal fuente de agua dulce del país y resultan fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y múltiples actividades productivas, desde la agricultura hasta la industria.

Por eso, la central consideró que cualquier avance sobre estos cuerpos de hielo puede derivar en daños ambientales irreversibles y en un impacto negativo sobre las economías regionales.

Finalmente, la CGT ratificó su compromiso junto a organizaciones sociales y ambientales en la defensa de la “casa común”, concepto impulsado por Papa Francisco, y anticipó que el rechazo a la reforma podría escalar en el plano social.

El posicionamiento sindical se suma a una creciente polémica en torno a la normativa y abre un nuevo foco de tensión entre el Gobierno, el movimiento obrero y sectores ambientalistas.