El Gobierno nacional enfrenta nuevas tensiones con uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei. Esta vez, el cuestionamiento llegó desde el propio Fondo Monetario Internacional, que recomendó postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo diseñado para financiar indemnizaciones mediante aportes vinculados a la seguridad social.

La advertencia quedó plasmada en el último informe técnico del organismo, donde el FMI expresó preocupación por el impacto fiscal que tendría la puesta en marcha del esquema y su efecto directo sobre los recursos del sistema previsional argentino.

El FAL formaba parte de los principales cambios introducidos en la denominada Ley de Modernización Laboral y debía comenzar a regir el próximo 1° de junio. Sin embargo, la reglamentación aún no fue publicada oficialmente y el proceso aparece virtualmente congelado.

Según el análisis del organismo internacional, la implementación del nuevo sistema implicaría una reducción de ingresos para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya que una parte de las contribuciones patronales dejaría de destinarse a la ANSES para financiar el fondo laboral.

El esquema contemplaba que las grandes empresas aportaran el equivalente al 1% de la masa salarial, mientras que las pequeñas y medianas empresas deberían destinar hasta un 2,5%. Para el FMI, ese desvío de recursos comprometería el objetivo de superávit fiscal acordado con el Gobierno argentino.

En el Staff Report publicado este mes, el organismo estimó que la reforma laboral podría generar un costo equivalente al 0,15% del Producto Bruto Interno durante 2026, aunque algunos cálculos privados proyectan un impacto todavía mayor.

Paradójicamente, el mismo documento define a la reforma laboral como una medida “histórica” y un avance estructural para la economía argentina. No obstante, el Fondo incluyó la posibilidad de postergar su aplicación entre las alternativas para sostener las metas fiscales comprometidas por el Ejecutivo.

El informe también proyecta para este año un crecimiento económico del 3,5%, una inflación cercana al 25% y la obligación de mantener un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI. Bajo ese esquema, el FMI advirtió que cualquier deterioro en la recaudación o incremento de los pagos de deuda obligará al Gobierno a profundizar ajustes o diferir reformas que afecten las cuentas públicas.

Entre las medidas mencionadas aparecen nuevos recortes en subsidios al transporte y la postergación parcial de la reforma laboral.

La situación deja expuesta una contradicción dentro del programa económico oficial: mientras el Ejecutivo promovía el FAL como uno de los instrumentos centrales de flexibilización laboral, el propio organismo que respalda financieramente el plan económico considera que su implementación podría poner en riesgo el equilibrio fiscal.

Además, el informe encendió nuevas alarmas sobre el futuro del sistema previsional, ya que cualquier disminución de aportes al SIPA impactaría directamente sobre el financiamiento de jubilaciones y prestaciones sociales administradas por ANSES.

La decisión de mantener congelada la reglamentación refleja, según distintos analistas, el peso creciente que tienen las metas pactadas con el FMI sobre la agenda económica y laboral del Gobierno nacional.