La empresa Aires del Sur, reconocida por fabricar equipos de aire acondicionado de las marcas Electra y Fedders, fue declarada oficialmente en quiebra y deja un saldo de 140 trabajadores sin empleo en Tierra del Fuego. La medida judicial marca el cierre definitivo de una de las firmas industriales emblemáticas de Río Grande, luego de meses de crisis financiera, parálisis productiva y conflicto gremial.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 1 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, encabezado por Horacio Boccardo. Aunque la decisión había sido firmada el 22 de abril, recién este martes fue publicada en el Boletín Oficial.

La propia compañía había solicitado la quiebra tras reconocer, en febrero pasado, que no podía sostener sus operaciones. La conducción empresarial que asumió a fines de 2025, luego de la salida de los hermanos Guaita, describió un escenario económico crítico, con fuertes desequilibrios financieros y pérdidas acumuladas que terminaron haciendo inviable la continuidad de la firma.

Según explicaron en la presentación judicial, la operatoria de la empresa dependía de mecanismos de financiamiento cada vez más costosos, basados en preventa de productos, cheques diferidos y compra de insumos importados. Ese esquema, afirmaron, terminó generando un nivel de endeudamiento que superó ampliamente la rentabilidad del negocio.

Uno de los últimos intentos para evitar el colapso había sido la negociación con el grupo chino Chigo, uno de los grandes fabricantes internacionales del sector. Aires del Sur buscaba una inversión cercana a los cinco millones de dólares a cambio de ceder hasta el 80% del paquete accionario. Sin embargo, la demora en las definiciones terminó frustrando el acuerdo y aceleró el escenario de cesación de pagos.

La quiebra impacta de lleno sobre los trabajadores de la planta de Río Grande, que ya venían atravesando meses de incertidumbre. En febrero, operarios decidieron ocupar las instalaciones fabriles tras denunciar atrasos salariales y la paralización total de la producción desde diciembre de 2025.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) habían advertido que la empresa acumulaba casi dos meses sin abonar salarios y señalaron además que la conducción empresaria dejó de asistir a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo.

En medio del conflicto, el gobernador fueguino Gustavo Melella atribuyó la crisis industrial a la caída del consumo interno y a la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional. “Todas las fábricas están complicadas porque no hay consumo en el país”, sostuvo el mandatario provincial al referirse a la situación del sector manufacturero en la isla.

Con la quiebra ya formalizada, la Justicia designó al contador Roberto Pugnaloni como síndico del proceso y estableció el 5 de agosto de 2026 como fecha límite para la presentación de verificación de créditos por parte de los acreedores.

Entre los activos que quedaron bajo control judicial figuran la planta industrial de 15.000 metros cuadrados ubicada en Río Grande y cerca de 4.000 kits de producción almacenados en el puerto de Buenos Aires, bienes que podrían utilizarse para afrontar parte de las deudas acumuladas.