Tras la visita del presidente Javier Milei a la Universidad de San Andrés, un grupo de docentes e investigadores de esa institución difundió un duro pronunciamiento en defensa del sistema universitario público y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

El documento, dado a conocer pocas horas después de la exposición del mandatario en la casa de estudios privada, expresó la preocupación de la comunidad académica por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y el sistema científico estatal.

En el texto, profesores e investigadores remarcaron la importancia estratégica de la educación superior y de la producción científica para el desarrollo del país. En ese marco, reclamaron de manera explícita que el Gobierno nacional respete y ejecute la normativa destinada a garantizar recursos para las universidades públicas.

“El pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario es indispensable”, sostuvieron los firmantes, en una declaración que se suma al creciente reclamo del sector educativo frente al ajuste presupuestario impulsado por la administración nacional.

La discusión por los fondos universitarios se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y la comunidad educativa durante los últimos meses, con movilizaciones masivas de estudiantes, docentes e investigadores en distintos puntos del país.

Desde la Universidad de San Andrés buscaron además remarcar que el debate excede la división entre instituciones públicas y privadas. En el comunicado, los académicos señalaron que el vínculo y el intercambio entre ambos sistemas forman parte de la tradición universitaria argentina y advirtieron que ese diálogo no puede sostenerse sin un Estado que garantice el funcionamiento de las universidades públicas.

En esa línea, subrayaron que gran parte de los docentes, investigadores y estudiantes de instituciones privadas se formaron en universidades estatales, por lo que consideraron imprescindible asegurar las condiciones materiales para que esas casas de estudio continúen desarrollando sus tareas de enseñanza, investigación y extensión.

La declaración fue respaldada por una amplia nómina de profesores, intelectuales y científicos vinculados a la institución y representa uno de los posicionamientos más contundentes surgidos desde una universidad privada en medio de la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional.