La comunidad universitaria volvió a movilizarse en defensa de la educación pública. Docentes, estudiantes y autoridades académicas realizaron este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar una definición judicial ante la negativa del Gobierno nacional de aplicarla.
La protesta se desarrolló bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley” y reunió durante toda la jornada a representantes de distintas universidades nacionales, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles.
Las actividades comenzaron por la mañana y se extendieron hasta la tarde con exposiciones abiertas, debates y clases al aire libre orientadas a visibilizar el impacto del ajuste presupuestario sobre el sistema universitario público.
Desde la comunidad educativa denunciaron que la política de recortes impulsada por el gobierno de Javier Milei afecta salarios docentes, becas estudiantiles, proyectos de investigación y el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.
Reclamo judicial y conflicto abierto
La manifestación frente a Tribunales se produjo en un contexto de creciente tensión entre las universidades y el Poder Ejecutivo, luego de que el Gobierno decidiera frenar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en dos oportunidades distintas entre 2024 y 2025.
La normativa establece mecanismos de actualización presupuestaria y fondos destinados al sostenimiento operativo de las universidades públicas, además de mejoras salariales para docentes y trabajadores del sector.
Sin embargo, desde el oficialismo argumentan que la ley compromete el equilibrio fiscal y sostienen que no determina de manera precisa las fuentes de financiamiento para afrontar el incremento del gasto universitario.
Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por suspender la aplicación de la norma mediante decretos y apeló distintas resoluciones judiciales que ordenaban avanzar con su cumplimiento.
Presencia política y sindical
Durante la jornada participaron referentes académicos, dirigentes sindicales y legisladores nacionales. Entre ellos estuvieron la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora y Itaí Hagman, además del secretario general de Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Perazzi.
Los organizadores remarcaron que el conflicto ya excede el plano presupuestario y se convirtió en una disputa institucional sobre el rol del Estado en el sostenimiento de la educación pública y el sistema científico nacional.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional continúa impulsando acciones judiciales para exigir la aplicación efectiva de la ley y ya presentó documentación ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir el futuro de la norma en las próximas semanas.
