La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó suspender los efectos de la Resolución 42/26 impulsada por el Gobierno nacional, que habilitaba la baja de más de 900 servicios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La decisión judicial representa un fuerte revés para el plan de ajuste sobre el organismo y bloquea, al menos de manera provisoria, el avance de nuevos despidos.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín, que resolvió hacer lugar al planteo sindical y ordenó a las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial abstenerse de aplicar la normativa cuestionada.

Desde Asociación Trabajadores del Estado celebraron la resolución y aseguraron que se trata de un freno al “desmantelamiento” del organismo técnico estatal. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida judicial impide “cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones” y garantiza la continuidad laboral de los trabajadores alcanzados por la resolución oficial.

“La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desguace del organismo”, afirmó Aguiar a través de sus redes sociales, donde además calificó la cautelar como “un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el vaciamiento del Estado”.

El conflicto por el ajuste en el INTI

La polémica comenzó en abril, cuando el Gobierno dispuso la eliminación de más de 900 prestaciones técnicas y científicas que brindaba el INTI, bajo el argumento de una supuesta “baja demanda” de esos servicios. La decisión se inscribió dentro del proceso de recortes y reestructuración que el Ejecutivo viene aplicando sobre distintos organismos públicos desde 2024.

Según denunciaron los trabajadores, la eliminación de esos servicios era la antesala de un recorte de personal que podía superar los 700 despidos.

Entre las prestaciones dadas de baja figuraban ensayos microbiológicos para alimentos, controles de calidad de agua, análisis de contaminantes, calibración de instrumentos de medición, verificaciones de seguridad industrial y controles vinculados al transporte y los combustibles.

Desde el sindicato advirtieron que el recorte afectaba tareas sensibles vinculadas a la salud pública, la seguridad industrial y los estándares de calidad productiva. Además, señalaron que el organismo no representa un gasto deficitario para el Estado, ya que buena parte de sus actividades son financiadas mediante servicios pagos a empresas privadas.

ATE sostuvo que la supresión de casi mil prestaciones implica una reducción cercana al 30% de la capacidad operativa del instituto. En ese contexto, el gremio ya había realizado paros y protestas para denunciar el posible vaciamiento del organismo.

“No aceptamos la amenaza de despedir trabajadores ni la desarticulación de líneas de trabajo estratégicas. Están poniendo en riesgo funciones esenciales para toda la población”, afirmó Aguiar, quien también cuestionó la política de ajuste del gobierno de Javier Milei.

La cautelar abre ahora un nuevo capítulo judicial en el conflicto y deja en suspenso la aplicación de una de las medidas más sensibles impulsadas por el Ejecutivo sobre el sistema científico y tecnológico estatal.