La conducción nacional del Partido Justicialista expresó su rechazo a la intervención judicial sobre la Unión Obrera Metalúrgica y advirtió sobre un supuesto avance contra los derechos sindicales y laborales en el país.

A través de un comunicado difundido tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el PJ calificó la medida como “antidemocrática” y sostuvo que afecta directamente la autonomía de las organizaciones gremiales.

El partido, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que la resolución judicial contra la conducción encabezada por Abel Furlán se produce en un contexto de deterioro económico y caída del empleo industrial.

En el documento, el PJ vinculó la situación con el proceso de desindustrialización y aseguró que las políticas económicas actuales derivaron en cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo y caída del salario real.

Además, la fuerza política cuestionó las reformas laborales impulsadas por el gobierno nacional y sostuvo que existe una avanzada orientada a restringir derechos sindicales y limitar la capacidad de acción de los gremios.

El comunicado también hizo referencia a recientes definiciones de la Corte Internacional de Justicia vinculadas al derecho de huelga y a convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. Según el PJ, mientras organismos internacionales ratifican garantías laborales, en Argentina se estarían promoviendo medidas en sentido contrario.

Desde el espacio opositor señalaron además que la situación de la UOM no constituye un hecho aislado, sino parte de un escenario de creciente tensión entre el gobierno nacional, el Poder Judicial y sectores sindicales y políticos vinculados al peronismo.

La resolución judicial cuestionada anuló las elecciones realizadas en marzo tanto en la seccional Campana como a nivel nacional y dispuso la intervención del gremio metalúrgico. El fallo fue firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González.

Entre los argumentos expuestos por el tribunal se mencionaron presuntas irregularidades en el proceso electoral, vinculadas al desarrollo de los comicios, la custodia de urnas y los mecanismos de fiscalización y escrutinio.