La diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto de ley que impulsa una profunda transformación del funcionamiento del CONICET, con eje en la vinculación de la investigación científica con el sector privado y la transferencia tecnológica hacia actividades productivas. La iniciativa también abre la puerta a la remoción de directores e investigadores que no cumplan objetivos de desempeño y productividad.

La propuesta, difundida por el periodista especializado Eduardo Porto, plantea modificar la estructura y el financiamiento del principal organismo científico del país bajo criterios de competitividad, resultados económicos y generación de innovación aplicada. Entre los cambios más controvertidos figura la obligación de que investigadores y equipos acrediten aportes concretos al desarrollo productivo, como patentes, contratos de transferencia tecnológica o creación de empresas de base tecnológica.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la instauración de contratos con metas cuantificables para los directores de los más de 300 institutos dependientes del CONICET. Según el texto, quienes no alcancen los objetivos establecidos podrían ser desplazados de sus cargos. Además, se prevé una evaluación institucional obligatoria cada cinco años que clasificará a las unidades ejecutoras según su desempeño.

La iniciativa establece categorías que van desde “Excelente” hasta “Insuficiente”, tomando como principal parámetro la capacidad de transferencia tecnológica y articulación con el sector privado. En paralelo, también propone cambios en el Estatuto del Investigador Científico, vinculando ascensos, permanencia e incluso posibles despidos a indicadores de productividad y resultados económicos derivados de las investigaciones.

El proyecto incorpora además una cláusula que habilita una eventual división del organismo en dos ramas separadas —una académica y otra productiva— si en un plazo de cinco años no se verifican mejoras significativas en al menos el 60% de los indicadores previstos.

En materia presupuestaria, la propuesta fija un esquema de reducción progresiva del financiamiento estatal. El texto garantiza inicialmente un piso equivalente al 50% del promedio de recursos recibidos por cada instituto durante los últimos cinco años, pero prevé una disminución anual hasta alcanzar un mínimo del 30%.

Al mismo tiempo, se impulsa una mayor participación del sector privado mediante incentivos fiscales y un mecanismo de financiamiento complementario: por cada peso generado a través de convenios de transferencia tecnológica, el Estado aportaría cuarenta centavos adicionales.

Entre las áreas consideradas “estratégicas” por el proyecto aparecen la minería del litio, la biotecnología agropecuaria, la inteligencia artificial, la robótica industrial, la nanotecnología, las energías renovables y la tecnología satelital. Sin embargo, el texto no incluye referencias específicas a las ciencias sociales ni a líneas de investigación vinculadas a salud pública, lo que generó cuestionamientos en distintos sectores académicos.

La iniciativa toma como referencia modelos de gestión científica aplicados en países europeos e Israel, según explicó la propia Pagano. No obstante, desde ámbitos universitarios y científicos ya comenzaron a advertir que el proyecto podría derivar en un fuerte ajuste presupuestario, una creciente privatización del sistema de investigación y una pérdida de autonomía académica dentro del organismo.