La investigación por el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a escalar y ya impacta de lleno en la estructura política y administrativa bonaerense. El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia que apunta a un entramado de coimas y lavado de dinero que involucra a municipios, funcionarios y al Ministerio de Transporte provincial.

La causa, que quedó en manos de la jueza María Servini, busca determinar si existió un mecanismo sistemático para evitar licitaciones, direccionar contratos y desviar fondos millonarios generados por las multas de tránsito.

Un sistema bajo sospecha en toda la Provincia

El expediente pone el foco en un esquema que no habría sido aislado, sino replicado en distintos distritos bonaerenses. Municipios como La Matanza, General Pueyrredón, San Isidro, San Martín, Morón, Hurlingham y Zárate aparecen bajo análisis por su participación en convenios que, según la denuncia, permitían tercerizar el sistema de radares sin controles efectivos.

El mecanismo era recurrente: acuerdos con universidades que luego subcontrataban a empresas privadas, generando un circuito que diluía responsabilidades y evitaba procesos de licitación pública.

La lupa sobre Transporte bonaerense

La denuncia también alcanza a áreas clave del sistema de control vial y menciona la presunta connivencia de organismos vinculados a la autorización de radares. En ese marco, quedó bajo observación el actual ministro Martín Marinucci, en continuidad con cuestionamientos que ya habían surgido en la gestión anterior.

Para la Justicia, uno de los puntos críticos será determinar si el circuito de habilitaciones y controles funcionó como una instancia real de fiscalización o como parte del engranaje que permitió sostener el negocio.

Recaudación millonaria y reparto desigual

Uno de los datos más sensibles del expediente es el destino del dinero. Según la denuncia, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de privados, mientras que los municipios recibían una porción menor, muy por debajo de lo que establece la normativa.

En al menos uno de los distritos investigados, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año, confirmando la magnitud económica del sistema.

Lavado y circuito de dinero en efectivo

El caso incorpora además una hipótesis de lavado de activos. La utilización de facturación apócrifa y empresas fantasma habría permitido generar dinero en efectivo que luego se destinaba al pago de coimas a funcionarios con capacidad de decisión dentro del sistema.

En paralelo, varias de estas maniobras ya eran analizadas en la órbita bonaerense por el fiscal Álvaro Garganta, lo que ahora empieza a entrelazarse con la investigación federal.

El rol de Camani en el entramado

Recién en este punto del expediente aparece con fuerza el nombre de Leandro Camani, uno de los empresarios más vinculados al sistema de fotomultas en la provincia.

Titular de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., Camani es señalado como proveedor clave en múltiples municipios y como parte de una estructura empresarial que habría operado de manera coordinada dentro del esquema investigado.

Según la denuncia, su entorno habría utilizado empresas vinculadas, domicilios compartidos y facturación cruzada para sostener el circuito económico del sistema, incluyendo la generación de fondos que luego habrían sido utilizados para el pago de coimas.

El empresario ya había quedado bajo la lupa en otras causas vinculadas al negocio de las fotomultas, lo que refuerza la hipótesis judicial de que no se trata de hechos aislados, sino de un modelo de funcionamiento repetido en distintos puntos de la Provincia.