Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales ratificaron las medidas de fuerza previstas para esta semana luego de considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional durante una reunión mantenida con autoridades universitarias.

La oferta oficial contempla una recomposición del 21,3% para junio y un incremento adicional del 3% en octubre, porcentajes que, según las organizaciones sindicales, están lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Frente a este escenario, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) confirmó un paro nacional de 48 horas acompañado por movilizaciones, clases públicas y actividades de visibilización en distintas casas de estudio del país. La protesta se articula además con las medidas impulsadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente y mantiene un plan de lucha iniciado a fines de mayo.

Un conflicto que combina salarios y financiamiento

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno no se limita exclusivamente a la discusión salarial. El reclamo también involucra el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada tras el veto presidencial.

Según denunciaron los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Ejecutivo continúa sin aplicar plenamente los mecanismos de actualización previstos en la legislación, situación que derivó en una presentación judicial que ya obtuvo resoluciones favorables en instancias inferiores.

De acuerdo con trascendidos surgidos tras la reunión entre funcionarios nacionales y autoridades universitarias, la propuesta económica habría estado acompañada por la intención oficial de que el CIN retire la demanda judicial vinculada al incumplimiento de la ley.

Los gremios advierten por una pérdida salarial histórica

Desde FEDUN sostienen que los salarios universitarios acumulan dieciocho meses consecutivos de deterioro frente a la inflación.

Un informe elaborado por la organización sindical junto al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) estima que docentes y trabajadores universitarios necesitarían una recomposición cercana al 52% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

El secretario general de la federación, Daniel Ricci, reconoció que la propuesta oficial podría representar un avance inicial dentro de una negociación más amplia, pero remarcó que resulta insuficiente si no se abre una instancia formal de paritarias que permita discutir la recuperación integral de los ingresos.

Según explicó el dirigente, el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo cubriría únicamente la evolución inflacionaria más reciente, dejando pendiente el debate sobre la pérdida acumulada durante el último año y medio.

Paros, movilizaciones y unidad con otros sectores

En el marco del conflicto, los gremios universitarios resolvieron profundizar las acciones de protesta y participar de distintas actividades públicas en todo el país.

Las medidas incluyen clases abiertas, actos, concentraciones y movilizaciones en defensa de la universidad pública, además de la adhesión a jornadas de protesta impulsadas por otros sectores afectados por las políticas de ajuste económico.

Desde las organizaciones sindicales señalaron que el reclamo universitario forma parte de una problemática más amplia que también impacta sobre trabajadores estatales, jubilados, personal sanitario, movimientos sociales y distintos sectores productivos.

Crece la preocupación por el sistema universitario

El conflicto salarial se suma a las dificultades presupuestarias que vienen denunciando las universidades nacionales desde comienzos de 2024.

Rectores, docentes y trabajadores sostienen que la combinación de inflación, retraso salarial y limitaciones presupuestarias afecta tanto las condiciones laborales como el funcionamiento cotidiano de las instituciones de educación superior.

Mientras el Gobierno defiende su política de equilibrio fiscal y control del gasto público, las organizaciones universitarias reclaman una negociación que permita recomponer salarios y garantizar recursos suficientes para sostener el funcionamiento del sistema.

Por el momento, el paro nacional continúa firme y las partes permanecen sin acuerdo, en un conflicto que vuelve a colocar a la universidad pública en el centro del debate político y social argentino.