El mercado laboral argentino continúa mostrando señales de deterioro en su segmento formal. De acuerdo con los últimos datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se perdieron 140.659 puestos de trabajo asalariado registrado, una situación que impactó directamente sobre la cantidad de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y volvió a encender alarmas sobre el financiamiento de la Seguridad Social.

El informe oficial señala que en mayo de 2026 se contabilizaron 12.442.017 aportantes, lo que representa una disminución de 38.532 personas respecto del mismo período del año anterior.

El empleo asalariado, el más afectado

La caída estuvo concentrada principalmente en los trabajadores en relación de dependencia. Del total de empleos registrados perdidos en el último año, 108.378 correspondieron al sector privado, mientras que otros 36.034 pertenecían al sector público.

Los números reflejan una tendencia que viene profundizándose en los últimos años y que se vincula con procesos de ajuste en distintas áreas estatales, reducción de planteles en empresas privadas, cierres de establecimientos productivos y una menor generación de empleo formal.

Si se amplía el análisis a los últimos tres años, el panorama resulta aún más preocupante. Desde mayo de 2023, la cantidad total de aportantes al sistema previsional se redujo en más de 300.000 personas, evidenciando una pérdida sostenida de trabajadores incorporados al circuito formal de la economía.

Crecen las modalidades más precarias

Mientras disminuye el empleo asalariado registrado, aumentan otras formas de inserción laboral con menores niveles de protección social.

Según el relevamiento, durante el último año el régimen de monotributo incorporó más de 71.000 nuevos aportantes, mientras que el sector de casas particulares sumó cerca de 30.000 trabajadores.

Especialistas advierten que este fenómeno puede responder, en parte, a una migración desde empleos formales hacia modalidades de contratación más flexibles o de menor costo laboral, aunque también refleja la dificultad de numerosos trabajadores para acceder a puestos registrados con todos los derechos previstos por la legislación laboral.

Impacto sobre el sistema previsional

La reducción del empleo formal no sólo afecta a los trabajadores involucrados, sino también a la sustentabilidad del sistema jubilatorio.

Los aportes realizados por los asalariados constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de la Seguridad Social. Por ello, cuando disminuye la cantidad de trabajadores registrados, también cae la recaudación destinada al pago de jubilaciones y pensiones.

A diferencia de los trabajadores independientes, los asalariados generan contribuciones previsionales de mayor volumen, por lo que la pérdida de estos puestos tiene un efecto más significativo sobre los ingresos del sistema.

En los casos en que los recursos provenientes de los aportes no alcanzan para cubrir las prestaciones, es el Tesoro Nacional el que debe compensar la diferencia.

Avanza la informalidad laboral

Otro de los datos que surge del informe es la persistencia de elevados niveles de trabajo no registrado. Actualmente, sólo el 26,9% de la población total realiza aportes a la Seguridad Social por su actividad laboral, una proporción inferior al 28,2% registrado en mayo de 2023.

Tomando como referencia una población ocupada cercana a los 22 millones de personas, las estimaciones indican que alrededor de 9,5 millones de trabajadores se desempeñan en condiciones de informalidad, sin acceso pleno a cobertura previsional, obra social ni seguros por riesgos laborales.

Un desafío creciente para el empleo y las jubilaciones

Los datos oficiales reflejan una estructura laboral cada vez más fragmentada, donde el empleo asalariado registrado pierde peso relativo frente a modalidades independientes o informales.

Con perspectivas de nuevas reducciones de personal tanto en organismos públicos como en empresas privadas afectadas por la caída de la actividad económica, el escenario plantea desafíos no sólo para el mercado laboral, sino también para la sostenibilidad futura del sistema previsional argentino.