La estrategia judicial de los sindicatos para limitar el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional continúa acumulando resoluciones favorables. En las últimas semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) logró que la Justicia suspendiera de manera provisoria la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral, una decisión que se suma a fallos recientes obtenidos por los gremios de Camioneros y de la Industria del Vidrio.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, en el marco de una presentación realizada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional. La resolución ordenó suspender la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley 27.802 sobre las relaciones laborales alcanzadas por los convenios colectivos del sector mercantil.

Como consecuencia del fallo, continúan vigentes cláusulas consideradas claves por la organización sindical, entre ellas las vinculadas con la ultraactividad de los convenios colectivos —que permite mantener las condiciones pactadas hasta la firma de un nuevo acuerdo— y el sistema de aportes solidarios destinados al financiamiento de actividades gremiales y prestaciones para los trabajadores.

La decisión judicial fue posteriormente comunicada por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a las partes firmantes del Convenio Colectivo 130/75, con el objetivo de evitar conflictos y eventuales reclamos derivados de diferencias en la liquidación de aportes mientras la cautelar permanezca vigente.

Una serie de fallos favorables para los gremios.

El caso de Comercio se inscribe en una tendencia que comenzó a consolidarse luego de que fracasara el amparo general que había intentado frenar buena parte de la reforma laboral. Desde entonces, distintas organizaciones sindicales optaron por impulsar presentaciones específicas orientadas a proteger aspectos puntuales de sus convenios colectivos.

Uno de los antecedentes más recientes fue el fallo favorable obtenido por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que obtuvo la suspensión de artículos de la ley y de su decreto reglamentario vinculados al financiamiento de beneficios acordados en el Convenio Colectivo 40/89.

La resolución judicial demostró que las disposiciones cuestionadas podrían afectar la autonomía sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de financiamiento de prestaciones sociales destinados a los trabajadores del sector.

Entre los beneficios involucrados figuran programas de capacitación, subsidios asistenciales, coberturas complementarias de salud, ayudas económicas para familiares y otros servicios mediante acuerdos paritarios.

El gremio del vidrio también obtuvo protección judicial

En una línea similar, el Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines logró una medida cautelar que obliga a las cámaras empresarias de la actividad a mantener vigentes dos cláusulas específicas de su convenio colectivo.

El fallo sostuvo que las disposiciones previstas en esos artículos no constituyen simples aportes sindicales, sino herramientas destinadas a financiar servicios de asistencia social, turismo, capacitación profesional, ayuda escolar y otras prestaciones para los trabajadores y sus familias.

Más litigios en camino

Aunque las resoluciones alcanzan por ahora a sectores específicos, en el movimiento sindical interpretan estos pronunciamientos como señales alertadoras para otras causas que se encuentran en trámite en distintos tribunales del país.

Fuentes gremiales aseguran que numerosas organizaciones presentadas preventivas para resguardar cláusulas convencionales que consideran amenazadas por la nueva legislación. Por ello, no descartan que en los próximos meses se multipliquen las cautelares y los planteos judiciales en torno a la aplicación de la reforma laboral.

De esta manera, mientras el Gobierno busca avanzar con los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral, los sindicatos continúan trasladando la disputa al terreno judicial, donde comienzan a obtener decisiones que limitan parcialmente el alcance de algunas de las modificaciones más cuestionadas.